El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno dio de baja más de 100.000 Pensiones No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan. Son 20 mil más que las reveladas por Infobae el mes pasado. La novedad se conoce tras el rechazo en Diputados del veto de Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el funcionario sostuvo: «En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión».
El cálculo del Ejecutivo del «ahorro» para las arcas del Estado que representan estas bajas en Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral representa unos 35 mil millones de pesos mensuales.
Entre las pensiones suspendidas, se encontraron casos resonantes como gente que presentó la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión. «En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio», justificó el funcionario desde la Casa Rosada.
«Este mecanismo no es novedoso, como ya mencioné en otra conferencia, en el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada», afirmó el funcionario.
La ANDIS, a cargo del abogado Diego Spagnuolo ya había descubierto «una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año», tal como anticipó este medio.
Para más datos, y a modo ilustrativo, Adorni recordó que: “Entre 2003 y 2015 (los tres gobiernos kirchneristas) la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a 1.045.000″.
Esta cifra bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019 -durante el gobierno de Mauricio Macri- «para volver a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después de los cuatro años de gestión del profesor Alberto Fernández».
El portavoz oficial también expresó que: «Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales».
Para más datos, en su denuncia, Adorni aclaró: «Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina la recibe el 4,6%. Israel es un país que sufrió decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales. Sólo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas».
Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso.
En diálogo con Infobae, las autoridades de la ANDIS explicaron que las auditorías que llevó a estas bajas «es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada», y esperan que «este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios».
La investigación interna alcanza a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. Según se recordó a este medio, la medida «no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024».
Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El vocero presidencial también se refirió a la posición que la mayoría de los diputados nacionales mantuvieron en el recinto sobre el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad: «El Congreso, esta semana, defendió este sistema corrupto. Un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política».
Y remató: «No es casualidad: gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema corrupto».
El gobierno de La Libertad Avanza criticó fuertemente la decisión parlamentaria. De hecho, se afirmó: «La creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social aumentará el gasto en aproximadamente $2.166.985.900.000 para el ejercicio de 2025, lo que equivale a un 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI); y un gasto adicional de más de cuatro billones y medio de pesos para 2026, lo que representa un 0,47 % del Producto Bruto Interno».
Dicho impacto, según se publicó en el Boletín Oficial, «no tiene en cuenta el efecto del aumento de beneficiarios en el ‘Programa Incluir Salud’ que otorga cobertura de atención médica a los titulares de pensiones no contributivas».
Fuente: Infobae
