La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, reveló graves irregularidades en el proceso de auditoría de pensiones que se lleva a cabo en Misiones. Según advirtió en una entrevista radial, los documentos entregados a los beneficiarios no son certificados de invalidez ni comprobantes médicos oficiales, sino simples certificados de asistencia que ANSES rechaza por carecer de validez legal.
Certificados truchos y firmas falsificadas
Antúnez denunció que en varios casos se utilizó de manera fraudulenta la firma del médico auditor, doctor Peñalosa, quien ya realizó la denuncia penal correspondiente. Además, en las auditorías donde estuvo presente un profesional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), éste no firmó ningún documento, por lo que todos los papeles entregados resultaron ser fotocopias sin valor legal.
“No hay médicos, no hay juntas médicas, no hay nadie que evalúe el grado de discapacidad de las personas”, advirtió.
Auditorías mezcladas y confusión social
El operativo no se limita a pensiones por discapacidad: también incluye pensiones por vejez y por maternidad de siete hijos, lo que genera una fuerte confusión entre los beneficiarios. Actualmente, existen 75.000 pensiones activas en Misiones, tras una baja reciente de unas 5.000.
Zonas rurales: los más afectados
Otro de los puntos críticos es la inaccesibilidad del proceso para quienes viven en colonias o zonas rurales sin transporte. “Esas personas son las que más necesitan la pensión y son justamente las que no pueden llegar a una auditoría”, señaló Antúnez.
Amparo colectivo en marcha
El Consejo Provincial de Discapacidad avanza en la presentación de un recurso de amparo colectivo. Ya son 270 las personas que firmaron su consentimiento para ser incluidas en la causa, que busca frenar el proceso actual y exigir una reformulación profunda.
Espacios improvisados y militancia política
Las auditorías no se realizan en hospitales ni oficinas oficiales, sino en espacios improvisados. En la localidad de 25 de Mayo, por ejemplo, se llevan a cabo en el salón de una iglesia.
Más preocupante aún es que los beneficiarios son atendidos por militantes de La Libertad Avanza, sin identificación clara ni vínculo oficial con el Estado. “Algunos dicen que trabajan para una empresa privada, otros para PAMI, otros para ANDIS. Lo único que sabemos es que cargan la documentación y entregan certificados truchos que ANSES rechaza”, afirmó Antúnez.
Contacto para denuncias
El Consejo Provincial de Discapacidad habilitó el 376 473 9338 para que los damnificados puedan aportar documentación, denuncias y testimonios que fortalezcan el amparo colectivo.
