El Gobierno nacional ha decidido avanzar con la enajenación —vía subasta pública— de los bienes inmuebles vinculados al programa Pro.Cre.Ar, que hasta ahora funcionaba como un instrumento estatal para facilitar el acceso a la vivienda. Con esta decisión, se abre una nueva etapa en la política habitacional que puede afectar tanto a quienes esperaban una vivienda como a inversores o interesados en adquirir propiedades.
¿Qué se aprobó?
A través de la Decreto 1018/2024, publicado el 13 de noviembre de 2024, se dispone la disolución del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar)”.
Luego, la Resolución 396/2025 (y otras reglamentaciones vinculadas) establecen que los inmuebles que formaban parte del fideicomiso serán vendidos mediante subastas públicas obligatorias a través de la plataforma electrónica SUBAST.AR.
¿En qué consiste el mecanismo de subasta?
Según lo publicado:
El precio base de los inmuebles será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
La convocatoria debe publicarse con al menos 30 días de anticipación: en el Boletín Oficial, un diario de alcance nacional, el sitio web de la Secretaría de Obras Públicas, y en la plataforma SUBAST.AR.
Los interesados deben cumplir ciertos requisitos: estar al día con tributos y aportes previsionales, declarar que los fondos son de origen lícito, tener domicilio físico en Argentina.
La escritura traslativa de dominio se hará mediante la Escribanía General de Gobierno o la que se designe, una vez pagado el 100 % del precio ofrecido y los costos correspondientes.
Si no hay al menos dos oferentes calificados, la subasta puede declararse desierta.
¿Por qué se toma esta decisión ahora?
El decreto que disuelve el fideicomiso señala que el programa se había transformado en una “carga para las cuentas públicas”, con demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en algunas unidades y manuales de procedimiento desactualizados.
A su vez, el Ejecutivo indica que la política habitacional debe avanzar en coordinación con bancos y el sector privado, y que el Estado debe concentrarse en regular y monitorear más que en ejecutar directamente la obra.
¿Qué ocurre con los créditos y obras en curso?
Los créditos otorgados bajo Pro.Cre.Ar que ya están vigentes seguirán siendo administrados por Banco Hipotecario S.A., bajo las mismas condiciones originales (monto, tasa, cronograma) según estipula la normativa.
En cuanto a las viviendas aún no adjudicadas o en construcción, muchas serán transferidas a las provincias, municipios o al sector privado para que completen las obras o definan su destino.
Implicancias para los ciudadanos y el mercado
Para quienes aspiraban a una vivienda social mediante Pro.Cre.Ar, la medida genera incertidumbre: el mecanismo cambia de adjudicación por sorteo a venta/subasta para algunos inmuebles.
Para potenciales compradores o inversores, la subasta pública puede representar una oportunidad: propiedades estatales con precio base tasado, escrituración garantizada ante escribanía estatal.
Desde el punto de vista macroeconómico, constituye parte de un ajuste mayor en el que el Estado se retira de la ejecución directa de políticas de vivienda para concentrarse en la gestión, supervisión y regulación.
Lo que falta por conocer
Aún no está publicada la lista completa de inmuebles que saldrán a subasta, ni sus ubicaciones detalladas.
No están definidos los plazos exactos del proceso, ni la extensión de las adjudicaciones para cada provincia o municipio.
Cómo se equilibrará el interés social (vivienda) con el interés patrimonial (venta) en los inmuebles de vocación habitacional.
