En una reunión con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, que los participantes definieron como «coloquial», el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, anticipó que, probablemente después de las elecciones de octubre, se avanzará con un amplio blanqueo laboral. Según calcula el Gobierno, hay unos 4.500.000 trabajadores no registrados; la informalidad superaría el 30%.
Con conversaciones periódicas con los industriales, se busca un respaldo para conseguir el apoyo de los empresarios a la reforma impositiva que se dará a conocer luego de las elecciones legislativas de este mes y se consensúan posiciones de cara al debate por una posible reforma laboral.
Productividad, competitividad y reducción de costos son las palabras mágicas que conoce de antemano el Gobierno que debe usar para conquistar simpatías en el sector. Ante una Confederación General del Trabajo (CGT) cada vez más fragmentada y en alerta por la renovada embestida contra las «mafias que encarecen la producción argentina», el Gobierno confía en que éste es el momento para avanzar con sus políticas.
Ayer Triaca llegó cerca de las 13.30 a la sede de la UIA, en Avenida de Mayo 1147, acompañado por el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau, y el jefe de Gabinete del Ministerio, Ernesto Leguizamón.
En el Salón Peteribí, los funcionarios hablaron sobre el blanqueo necesario para reducir el trabajo informal, y recibieron también demandas vinculadas con los costos laborales que afrontan las compañías por la «industria del juicio» y el ausentismo.
«Estado y privados comprendimos que solamente podemos avanzar en la agenda de la competitividad complementando esfuerzos. Por eso es importante que los ministros concurran a nuestra casa para dialogar y debatir cuáles son las mejores iniciativas que nos sitúen en la senda del desarrollo industrial», señaló Miguel Acevedo, presidente de la UIA, al cierre del encuentro. También se informó que hubo coincidencia en «la importancia de que las provincias adhieran rápidamente al régimen de riesgos de trabajo, dado que el crecimiento de la litigiosidad laboral sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de las pymes industriales».
En diálogo con el sitio El Cronista, Acevedo agregó: «La Ley de ART ya está vigente y el ministro nos dijo que hacen todo lo posible para que se implemente en todo el país. Hay pymes que pagan un 12% de costo, mientras que en otros países se paga 1% o apenas un poco más. Es un disparate».
En ese mismo sentido, Acevedo alertó que, ya que la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley y la Provincia todavía no, prosperan los casos de juicios en los que se registran cambios de domicilio. Sin embargo, contempló que en la provincia que gobierna María Eugenia Vidal es más difícil llegar a las juntas médicas (hay solamente 9), porque dada su extensión, están solamente en las ciudades y no en el interior.
Para Acevedo, la falta de adhesión de las provincias podría deberse a factores políticos, como en el Senado bonaerense, donde el Frente Renovador de Sergio Massa mantiene trabada la aprobación.
A la vez, el industrial relató, respecto de los costos laborales,1 que está en estudio un proyecto para reducir la brecha con las empresas situadas a mayor distancia de los puertos, de manera tal que se beneficie a las provincias más alejadas de los grandes centros de producción.
El vicepresidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, indicó a El Cronista que los funcionarios no brindaron detalles de cómo será el blanqueo laboral ni cómo se cubrirá el costo fiscal que tendrá la iniciativa. «Se habló de los problemas comunes que tenemos: el ausentismo, la productividad, la industria del juicio y el activismo político no laboral dentro de las empresas», complementó.
«Los sindicatos deben contribuir. El ausentismo supera en algunos casos el 10% y tenemos que ir hacia niveles razonables, del 2%. Sucede que existen fábricas de certificados, que se negocian por Internet y hay mucha permisividad de la Justicia», se quejó Funes de Rioja.
Según Funes de Rioja, «los costos laborales no salariales en la Argentina son del 50% en algunos sectores frente a entre el 15% y el 25% en la región». «Un blanqueo, para que sea sustentable, tiene que tener una fiscalidad acorde con los costos internacionales», consideró.
