Después de la masiva marcha federal universitaria, el Gobierno publicó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de querer «dañar al gobierno políticamente» y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Más temprano, en un comunicado, el Ejecutivo acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar «un nuevo frente de izquierda populista».
Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei avanzó en la noche del miércoles con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. La medida era respaldada por una buena parte de la sociedad civil.
El texto publicado en el Boletín Oficial señala que «el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente». Además, denuncia que «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
En otra parte del documento, el Gobierno justifica el veto para «limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional».
Y agrega: «la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno»
Salarios: Gobierno aclara cuánto le aumentaron a los docentes universitarios
Para el Gobierno, la recomposición salarial para el personal de de las entidades de educación representó un incremento del 87% por el período entre diciembre y agosto y en términos comparativos con el resto del personal de la Administración Pública Nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el 78%, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) para ese período alcanza un CIENTO CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (144 %). Es decir, admite que los salarios están por debajo del índice de precios.
Pero al mismo tiempo, aclara que «establecería un privilegio» para el personal de las Universidades Nacionales respecto al resto del personal de la Administración Pública Nacional, «por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo».
Para el Gobierno, el proyecto de ley procura «dañar» políticamente
El proyecto de ley en análisis, para el Gobierno, «no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente». Y asegura, en el final del decreto, que en todo caso, el financiamiento debe ser discutido al momento de la sanción del Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal que corresponda.
Más temprano, la Oficina del Presidente difundió un comunicado esta noche donde explicó las razones del rechazo a la ley. Descalificó la iniciativa y responsabilizó directamente a algunos dirigentes políticos de la oposición de orquestar un ataque al Gobierno. «El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quiénes han decidido unirse públicamente públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente», afirmaron.
Según el comunicado, la participación en la marcha universitaria de estos dirigentes se trata de una convergencia que «deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política».
A pesar del veto, el Gobierno «reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica».
Finalmente, el comunicado realizó una promesa: «esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios».
Universidades advirtieron que la situación actual «es más crítica que a comienzos de año»
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aglutina a las 61 universidades públicas del país, convocante de la marcha de este miércoles, emitió un comunicado tras la movilización en donde señalaron que, pese a haber pasado cinco meses desde la primera marcha, y luego de sucesivas reuniones con el Gobierno, la situación actual «es más crítica que a comienzos de año».
El ente universitario afirmó que en aquel momento, el objetivo de la movilización era «evitar la grave situación que vivimos hoy». Sin embargo, pese a la buena voluntad de los rectores y de los gremios, «la reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas» y las paritarias «profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario».
«Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario», criticó el CIN. Cabe recordar que en los últimos días, desde el Ministerio de Capital Humano acusaron a las universidades de «inventar alumnos» para ampliar los cargos docentes.
«La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento», continuó el comunicado.
Asimismo, manifestaron que defender el salario de los trabajadores universitarios «en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros derechos», dado que se trata de reclamar por «condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible».
Sobre el final, le hablaron al Presidente para que no vete la ley. «Tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía. Las y los estudiantes de toda la argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!», cerraron.
Fuente: Ámbito
