En la Cámara de Representantes de Misiones, presentaron un Proyecto «jurídicamente insostenible» -según explican los abogados constitucionalistas- en torno a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El médico, diputado provincial del Frente Renovador, Oscar Alarcón, presentó un Proyecto de Ley para que Misiones sea declarada «Provincia Provida». Misiones cuyo porcentaje de embarazo no intencional en la adolescencia llega al 70%.
La iniciativa ya tomó estado parlamentario y lo tratará la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura la semana próxima. El diputado -que durante muchos años fue director del Hospital del Samic de Eldorado, una de las localidades que detenta una gran cantidad de embarazos de niñas, productos de violaciones- confía en que la norma será aprobada.
El espíritu del proyecto es oponerse a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya tiene dictamen en Diputados de la Nación, y que el 8 de agosto será debatido en el Senado de la Nación.
«Se encuadraría en violación de deberes de funcionario público»
Periodistas del Coordinadora Feminista 8 de Marzo, consultaron con especialistas de Derecho, sobre qué pasaría si Misiones es declarada «Provida” y también se aprueba a nivel nacional, la legalización del aborto. En este sentido, Eduardo Barcesat -abogado constitucionalista y defensor de los Derechos Humanos- que estuvo el viernes disertando en la Facultad de Humanidades de la UNaM, afirmó que el proyecto «podría encuadrar en violación de los deberes de un funcionario público, es decir, una sanción penal. Cuando se propicia un texto que va claramente contra el que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que tendrá su debate en el mes de agosto», dijo.
El doctor Barcesat explicó que «el orden jurídico tiene una estructura jerárquica que es la conjunción en este caso los artículos 31 y el 75 que habla de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que configuran la Ley Suprema de la Nación».
Destacó que si una Legislatura provincial avanza en ese sentido, con un proyecto como éste «no solamente sería inconstitucional -el grado más alto de una nulidad de un acto jurídico-, sino que se podría y debería propiciar la persecución penal de quienes lo hayan presentado y avalado, al haberlo hecho a sabiendas de ser un tema instalado en la agenda, sería un delito doloso», expresó.
Una Ley provincial no tendría ninguna validez
Por otro lado, la abogada Marcela Rodríguez, al ser consultada por el diario Clarín aseguró que «ante una Ley Nacional del Congreso, que tiene sólidos argumentos constitucionales y del derecho internacional no tiene ninguna validez una Ley provincial. Es una noción básica de la pirámide normativa».
El mismo diario preguntó a Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Derecho y Género, quien manifestó que «es una iniciativa jurídicamente insostenible. Implicaría reformar Legislación nacional que las provincias, no pueden modificar, y contradice los estándares internacionales de derechos humanos».
Si eta norma se aprueba en Misiones, «su constitucionalidad será cuestionada judicialmente», afirmó.
