Las calles de Quito volvieron a ser este viernes campo de enfrentamientos entre policías y manifestantes, en su mayoría indígenas, pero también trabajadores y estudiantes, que pretendieron llegar hasta la sede del parlamento para llevar su protesta contra las medidas de ajuste impuestas por el gobierno en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).
Las calles de Quito volvieron a ser hoy campo de enfrentamientos entre policías y manifestantes, en su mayoría indígenas, pero también trabajadores y estudiantes, que pretendieron llegar hasta la sede del parlamento para llevar su protesta contra las medidas de ajuste impuestas por el gobierno en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).
Miles de manifestantes que acampan desde hace más de una semana en el parque del Arbolito, reforzados con la llegada de indígenas procedentes de la Amazonia ecuatoriana, marcharon hacia la zona de la Asamblea Nacional (parlamento), un área bajo medidas extremas de seguridad decretadas por el «estado de excepción» declarado la semana pasada por el presidente Lenín Moreno.
Algunos manifestantes quisieron superar las vallas montadas por las fuerzas de seguridad para impedirles el paso, contexto en el que la policía disparó granadas de gas lacrimógeno para dispersarlos, de acuerdo con informes coincidentes de la prensa local, mientras que los líderes de los manifestantes hablan de una represión violenta y exigen la renuncia de los ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Gobierno, María Paula Romo.
Los choques estallaron antes del mediodía, cuando una multitud encabezada por una primera línea de mujeres llegó hasta la fachada de la Asamblea Nacional y coreó consignas en quichua para pedir que se les abriera el paso.
Desde un costado llegó un grupo de individuos aparentemente armado con piedras y las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa carga con gas lacrimógeno que dispersó en pocos minutos a los arremolinados, informó la agencia EFE.
El martes, un grupo de indígenas logró irrumpir en el salón principal de la sede parlamentaria y permaneció en el lugar durante unos minutos antes de retirarse, sin que se reportaran actos vandálicos en las instalaciones.
Desde el estallido del 1 de octubre, cinco personas murieron y al menos 800 resultaron detenidas en las múltiples protestas registradas en distintas ciudades del país contra la decisión de Moreno de eliminar un subsidio a los combustibles, lo que derivó en un fuerte aumento de los precios para los tipos de nafta de mayor consumo.
La gravedad de las protestas llevó a Moreno a declarar el estado de excepción e incluso a mudar por unos días la sede del gobierno a Guayaquil, a unos 400 kilómetros al sur de Quito.
Una argentina en Ecuador
La situación estuvo lejos de calmarse con el correr de los días: «No había transporte porque para que el paro sea total, acá los vecinos se pinchan las ruedas entre si y apedrean a los autos que intentan pasar las barricadas», contó Marisol Natalia Cabrera, una joven argentina, llegó de vacaciones a Ecuador hace casi tres semanas, quedó en medio de las protestas en la pequeña localidad de Indichuris (en el centro del país), pero la comunidad la invitó a irse porque no tenía recursos para alimentarla. Tardó un día y medio en hacer 90 kilómetros a Baños, donde le habían dicho que la situación era más tranquila.
«El camino está lleno de barricadas» y mucha gente se le acercaba a decirle que «no camine sola, que era muy peligroso». Cabrera se encontró con ciudades «en llamas» en las que «había saqueos, fuego y barricadas por todos lados, gente rompiendo las vidrieras de negocios y policías tirando bombas lacrimógenas».
Pese a los enfrentamientos con la policía, la mayoría de las organizaciones indigenistas aclararon que no quieren entrar en peleas con las fuerzas de seguridad y sus miembros comenzaron a marchar con las manos en alto.
Ni un paso atrás
El presidente Moreno expresó que está dispuesto a dialogar, pero dejó en claro que bajo ningún concepto dará marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles.
Las Naciones Unidas y la iglesia ecuatoriana se ofrecieron para mediar entre el gobierno y las comunidades indígenas para bajar las tensiones, pero hasta el momento las gestiones no han dado resultados.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que encabeza la reacción popular, exige para iniciar el diálogo la derogación de la medida que eliminó los subsidios a los combustibles, el cese completo de la represión y la renuncia de algunos funcionarios del gobierno.
La Conaie envió una carta al Gobierno en la que expuso sus condiciones para entablar mesas de diálogo y deponer las movilizaciones que desde hace nueve días mantienen a Ecuador bajo conmoción.
En esa misiva se exige la derogación del decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, un pedido que este viernes acompañó la Defensoría del Pueblo.
También reclamó la renuncia o separación de Romo, ministra de Gobierno, y Jarrín, de Defensa, a quienes las comunidades hicieron responsables de la violencia de la represión.
«Mientras permanezcan en sus cargos no es garantía de que haya diálogo», dijo a la prensa ecuatoriana el dirigente del Movimiento Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza.
Fuente: BAE Negocios
