Una nueva iniciativa gubernamental plantea reemplazar la indemnización por despido con un “fondo de cese laboral”. Expertos advierten que bancos y aseguradoras serían los principales beneficiarios, mientras el empleador gana en flexibilidad y el trabajador asume nuevos riesgos.
A días de las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa el debate de la reforma laboral. La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla reemplazar la indemnización por despido tradicional por un modelo de “fondo de cese laboral”. El primer anuncio de esta iniciativa tuvo lugar en foros como el encuentro del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y en otros espacios relacionados con empleadores.
Según la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (AAL), la propuesta ya genera preocupación. Su presidente, Matías Cremonte, sostiene que “esto no puede estar sujeto a las inversiones de una institución financiera”.
En sus palabras, el proyecto carece aún de un texto definido: “Es un anuncio de campaña, no tienen ningún tipo de explicación, ni siquiera hay un proyecto que lo plasme”.
¿Cómo funcionaría el sistema?
El modelo que propone el Gobierno toma como referencia el sistema que aplica la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) para parte de su sector: mediante convenios colectivos, se habilita un fondo colectivo que sustituye, en la práctica, la indemnización.
El punto central es que el trabajador dejaría de depender de la indemnización por despido y, en su lugar, se contabilizaría su aporte al fondo de cese. A su vez, los empleadores podrían tener mayor flexibilidad en la finalización de relaciones laborales, según indican los defensores de la reforma.
¿Quiénes salen ganando? ¿Quiénes podrían perder?
Uno de los argumentos a favor de la reforma es que permitiría reducir los juicios laborales y promover una mayor contratación formal. Sin embargo, Cremonte subraya que ese efecto no está garantizado: en su análisis, el sistema actual “no funciona bien” en el sector construcción (donde opera el sistema del UOCRA) precisamente porque registra bajos niveles de formalidad.
Por otro lado, los expertos alertan que existen intereses vinculados a los fondos de cese: bancos y aseguradoras podrían convertirse en operadores de esos fondos y gestionar los recursos acumulados. Según la AAL, esto pone en riesgo al trabajador, dado que sus derechos quedarían sujetos al manejo financiero de terceros.
Un antecedente en la Argentina lo ofrece el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que fue objeto de críticas similares. Cremonte advierte que “si de eso depende tu indemnización… es un peligro enorme”.
Contexto político y económico
La reforma laboral aparece en un momento de alta tensión electoral, ya con un eje puesto en flexibilización laboral, costos para el empleador y derechos del trabajador. El Gobierno, conducido por Javier Milei, busca insertarla como parte de su campaña hacia una mayor competitividad económica, según sus voceros.
Para los sindicatos y la AAL, en cambio, la reforma supone un cambio de paradigma: de la indemnización como derecho a un sistema de seguro gestionado por intermediarios privados. Este cambio podría modificar las relaciones laborales en forma profunda.
Puntos clave a observar
Aún no existe un proyecto oficial con todos los detalles definidos.
Impacto sobre el trabajador: pasa de una indemnización segura a depender del fondo colectivo.
Impacto sobre el empleador: podría reducir litigios, pero también asumir nuevos pagos periódicos hacia el fondo.
Intermediarios financieros podrían gestionar los fondos de cese, lo que introduce riesgos de inversión para los trabajadores.
La experiencia en otros sectores y países muestra que los resultados no son automáticos: registración laboral, inversión de los fondos y condiciones de despido siguen siendo variables críticas.
