El Gobierno anunció que está avanzando de forma acelerada en una reforma del marco laboral que, si bien no está completamente cerrada, incluye medidas de alto impacto que podrían transformarlo todo: desde la formalización de empleo, hasta los convenios colectivos y el cálculo de indemnizaciones.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y acordada con gobernadores, prevé convertir en ley lo que podría convertirse en el cambio más profundo del mercado de trabajo argentino desde grandes reformas pasadas.
A continuación, lo más importante para cada actor: empleador y trabajador.
Para empleadores
Lo que podrían hacer (y lo que deberían mirar con atención):
Se está estudiando un mecanismo de blanqueo de trabajadores sin costo para la empresa: la empresa que regularice empleo informal podría quedar liberada de multas, deudas y cargas anteriores.
Se busca reducir el costo de tener empleados formales. Es que la mano de obra argentina es “60 % más cara que en Brasil”, según la firma Techint.
Se plantea el tope de indemnizaciones por despido sin causa (por ejemplo: aproximadamente 10 sueldos), aunque aún no está cerrado.
Se permitiría que las pymes abonen indemnizaciones o juicios laborales en hasta 12 cuotas.
Introducción del “banco de horas”: se podrá compensar jornadas más largas en algunos días con otras más cortas, sin superar el máximo legal.
Se dará prioridad a la negociación paritaria por empresa, que podría quedar por encima del convenio colectivo de actividad.
Puntos de atención / riesgos:
Aunque se habla de “blanqueo sin costo”, queda pendiente qué sucede con los derechos acumulados por antigüedad, aportes y jubilación.
Los costos laborales siguen siendo arriba del promedio regional; cualquier reforma que reduzca costos para empresas significará, en algún grado, ajustes para trabajadores.
Si bien se habla de modernizar, hay sindicatos que ya advierten resistencia, lo que podría implicar conflictos o demoras.
Para trabajadores
Lo que cambia:
Posible tope a las indemnizaciones en despido sin causa, lo que puede implicar una reducción de lo que habitualmente se pagaba.
Algunos componentes que hoy entran en el salario indemnizable podrían dejar de computar: por ejemplo, el aguinaldo, bonos, vales alimentarios, en los cálculos de indemnización.
Modificaciones en vacaciones: se podrá fraccionar su disfrute, siempre y cuando al menos siete días sean en verano.
Fin de la ultraactividad de convenios colectivos: los convenios actuales solo se mantendrán en ciertas clausulas mientras entre uno nuevo; significa mayor flexibilidad pero también menos garantía.
Derecho de huelga con cobertura mínima en servicios esenciales (75 %) y en otras actividades “de importancia trascendental” (50 %) durante paros.
Puntos de atención / riesgos:
Si bien la digitalización y simplificación parecen beneficiosas (“en 24 horas se podrá contratar a un empleado”), esto también puede implicar una mayor presión para aceptar condiciones de trabajo más flexibles.
Priorizar la negociación por empresa puede afectar la garantía colectiva de derechos en ciertos sectores: dependerá mucho de la empresa concreta.
Queda por ver cómo se preservan derechos vinculados a antigüedad, aportes jubilatorios y condiciones de trabajo a futuro, especialmente si se perdonan deudas de empleadores.
Claves compartidas (empleadores + trabajadores): qué conviene saber
Formalización: Uno de los ejes es pasar del empleo informal al formal, a través de incentivos o perdones. Esto puede ser una oportunidad para trabajadores sin derechos formales, y para empresas con parte de su plantilla “en negro”.
Flexibilidad vs. estabilidad: El paquete busca “adaptar el mundo del trabajo a las nuevas necesidades del capitalismo” según el Gobierno. Esto implica beneficios potenciales (más contratación, mayor ritmo productivo) pero también riesgos (menos protecciones tradicionales).
Momento político: La reforma se impulsa tras una victoria política del oficialismo, lo que aumenta las probabilidades de aprobación en sesiones extraordinarias del Congreso.
Costos para el Estado / empresas / trabajadores: Si se perdonan cargas pasadas para formalizar empleo, el Estado asume parte del costo. Para que esto funcione, el empleador debe ver incentivos. Para el trabajador, la cuestión es cómo se reconoce el pasado (antigüedad, aportes).
¿Qué deberían hacer cada uno ahora?
Empleadores: Revisar cuál es la proporción de personal informal, qué carga implicaría regularizarla, y prepararse para el nuevo marco que podría facilitarlo. También anticipar cómo podrían cambiar los costos de indemnización y qué modelo de negociación paritaria va a aplicar (empresa vs actividad).
Trabajadores / sindicatos: Estar informados sobre el borrador final de la reforma, participar en los debates o a través de sus representantes, y asegurarse de que cualquier “blanqueo” contemple efectivamente todos sus derechos acumulados. Estar atentos a cláusulas relativas a convenios colectivos, antigüedad y aportes.
Para ambos: Ser vigilantes respecto a los plazos, modalidad de implementación, y cómo se articulan los incentivos, porque los detalles lo serán todo (quién realmente gana, quién asume los costos, cómo se distribuyen las mejoras o los ajustes).
La reforma laboral que impulsa el Gobierno abre un escenario de cambio profundo: la formalización parece una apuesta central, al igual que la reducción de costos laborales para empresas y una mayor flexibilidad en condiciones de trabajo. Para empleadores, representa oportunidades (y desafíos) para adaptarse y reducir costos. Para trabajadores, implica avances en formalización, pero también potenciales recortes en derechos garantizados. En un momento de fuerte impulso político, es clave estar atentos a los detalles de la letra chica, porque allí se definirá quién sale ganando —y quién podría perder protección— en el nuevo marco laboral argentino.
Fuentes: Ámbito/ iProfesional/ Redacción Enfoque Misiones.
