El bloque de diputados de Vanguardia Radical presentó sendos proyectos para morigerar el impacto de las subas tarifarias en la energía eléctrica en Misiones, una provincia que carece de otro tipo de energía para atender la demanda residencial, comercial e industrial.
En una de las iniciativas, la diputada María Losada propone al Poder Ejecutivo Provincial incluya a las medidas requeridas al Gobierno Nacional una tarifa diferenciada sobre el costo y valor de la energía eléctrica que se traslada y cobra a los todos usuarios en Misiones, incluyendo a los pequeños y medianos productores y comerciantes que requiere una demanda significativa de electricidad, sin el cual resulta difícil tanto la actividad productiva como comercial producir. “El pedido se basa en los altos índices de precios presentados en los últimos meses producto de la quita de subsidios a nivel nacional, que pone a la Provincia en una alta disparidad con los países limítrofes que presentan grandes asimetría de costos”, señala la legisladora.
En paralelo, Hugo Escalada presentó un proyecto de ley para que las subas tarifarias en la energía eléctrica, gas, agua y transporte, “tengan criterios de razonabilidad y equidad y que los usuarios no paguen incrementos tarifarios superiores a sus aumentos salariales”.
Escalada incluye a los usuarios particulares, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y clubes de barrios.
El legislador propone que en el caso de los usuarios particulares, los aumentos no excedan el Coeficiente de Variación Salarial; en el de la Pymes y cooperativas, no sea ser superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que se aplique una tarifa diferencial para los denominados clubes de barrios consistentes en una reducción del 50 por ciento.
«Desde que asumió Macri, tenemos un millón y medio de nuevos pobres y creció la indigencia; la industria y las pymes, se derrumbaron, con caída de ventas y presión impositiva creciente; el aumento de los precios no cesa y tenemos problemas de empleo y mayor precarización» hay «descontento y frustración». Este proyecto apunta a la protección de los usuarios de servicios públicos esenciales a fin de que esas tarifas «tengan criterios de justicia, razonabilidad y equidad y que los usuarios no paguen incrementos tarifarios superiores a sus aumentos salariales», argumenta Escalada.
