La Jefatura de Gabinete dio su veredicto negativo, y el blanqueo impositivo terminará finalmente el 31 de marzo próximo, al menos en sus términos generales.
El triunvirato Marcos Peña-Mario Quintana-Gustavo Lopetegui le negó al Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne la posibilidad de entablar una batalla política en el Congreso para lograr apoyo para la extensión del llamado al menos hasta mayo o junio, ante la poca voluntad de la oposición de avanzar en negociaciones sobre el tema y según las primeras informaciones que llegaban de los diputados de Cambiemos. Ahora sólo queda la posibilidad de una extensión de los plazos, pero por un tiempo escaso (no más de 15 días) y siempre que el contribuyente haya comenzado el trámite antes del 31 de marzo y haya abierto una Cuenta Especial.
El gabinete económico fue ayer el encargado de definir por la negativa la eventual prórroga del blanqueo y la moratoria, luego de una reunión por la mañana en la Casa de Gobierno. Peña, Quintana y Lopetegui analizaron durante el fin de semana la posibilidad de avanzar en una batalla política en el Congreso, para que el Poder Legislativo aprobara una extensión de los plazos, pero el diagnóstico terminó siendo negativo.
Las noticias que llegaban de los diputados del oficialismo hablaban de las dificultades que en el Congreso, en especial en Diputados (en el Senado podrían haber influenciado positivamente los gobernadores que estaban a favor de la prórroga por cuestiones fiscales), eran más que negativas. Los legisladores de Cambiemos con contactos en la oposición mencionaban la negativa total del Frente para la Victoria (FpV) para siquiera tratar el tema, mientras que el massismo y el Frente Renovador le plantearon al Gobierno las críticas por la iniciativa y el enojo por la decisión de insistir vía decreto en la inclusión de los familiares de funcionarios y exfuncionarios en el beneficio, pese a que esa posibilidad había sido explícitamente excluida como exigencia de la oposición en el tratamiento de la ley en mayo del año pasado.
Hay que recordar que había sido Felipe Solá el que ante la Justicia planteó que declare inconstitucional el decreto firmado en noviembre del año pasado por Mauricio Macri, donde se incluía a los funcionarios y exfuncionarios en el blanqueo.
La interpretación del Gobierno fue que sin apoyo político del Congreso sería imposible avanzar con una prórroga; más teniendo en cuenta que los tiempos legislativos ya no alcanzan y que el único mecanismo válido hubiera sido la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte de Macri, el que necesariamente hubiera tenido que ser ratificado por el Legislativo. La interpretación política oficial fue que el costo político de un DNU de prórroga del blanqueo ante la dificultad que sea avalado luego por Diputados era un riesgo muy alto para correr, más en un año electoral.
