A través de un proyecto de ley presentado por el diputado radical Gustavo González, se prohíbe a los funcionarios de los tres poderes del Estado designar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
“El nepotismo conspira contra la formación de una burocracia estatal profesional y competente, y afecta el único requisito constitucional establecido para el acceso a la administración pública que es el de la idoneidad” indicó el legislador radical.
El proyecto contó con el acompañamiento de los legisladores del Interbloque Cambiemos y tiene su origen en la ausencia de una norma de estas características en la provincia de Misiones, lo que permitió la proliferación de contrataciones de allegados a nivel provincial y municipal.
La prohibición establecida por la ley no se aplicará en el caso que haya mediado la realización de concursos de antecedentes y oposición. La normativa también prevé que será nula cualquier designación que se realice contradiciendo la ley.
“La designación de amigos y parientes implica un caso especial de conflicto de intereses al utilizar recursos del Estado en beneficio de algunos y en detrimento del interés general, a la vez que restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública” manifestó González.
Según se expresa en los fundamentos de la iniciativa, el proyecto se enmarca en principios de transparencia y calidad institucional en cuanto veda el nombramiento o contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad siguiendo en tal sentido el criterio constitucional antes referido. Es decir los funcionarios con competencia para nombrar o contratar empleados no lo pueden hacer, bajo pena de nulidad, si estos fueran sus padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, suegro/a, cuñado/a, nueras o yernos; asimismo, su cónyuge, pareja con la que mantuviera unión convivencial y los parientes de ésta en igual grado que en relación a los propios.
Adhesión de los municipios
El proyecto presentado pretende que la iniciativa sea tomada por los municipios al solicitárseles que se adhieran a la ley en el caso de ser aprobada y se promueva la sanción de ordenanzas en el mismo sentido.
Al respecto, González sostuvo que “en muchos municipios se observa el abuso de los intendentes que obscenamente nombran a sus familiares en la administración pública. Caso paradigmático es el del municipio de Caayarí donde la mujer del intendente es Secretaria de Acción Social, la hija Juez de Paz y el hijo es presidente del Concejo Deliberante” finalizó el legislador.
