Al considerar a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia , como «jefes de la banda», la Justicia los procesó por lavado de dinero por recibir alquileres de Lázaro Báez y Cristóbal López , beneficiados irregularmente con obras públicas y contratos con el Estado.
Bonadio en total procesó a 20 personas y las embargó por sumas que van desde un millón hasta 130 millones de pesos en esta causa que se conoce como Los Sauces, pues éste es el nombre de la empresa de los Kirchner que alquilaba inmuebles a los empresarios amigos. Entre los procesados están Lázaro Báez y sus hijos, Cristóbal López, José Sanfelice, el contador Víctor Manzanares y Romina Mercado, además de empleados y colaboradores que permitieron concretar la maniobra.
Los Sauces, según el juez, facturó entre 2009 y 2016 casi $ 26 millones y la empresa tuvo transferencias con el resto de los acusados por $ 63,5 millones en el mismo período.
Este procesamiento se suma al que ya tiene Cristina Kirchner en la causa por direccionar la obra pública santacruceña en beneficio de Lázaro Báez y el caso de la venta del dólar futuro, donde tiene procesamiento firme y va camino al juicio oral y público.
Cristina Kirchner seguirá en libertad porque el juez entendió que, a pesar de poder recibir una condena de cumplimiento efectivo, no hay evidencia de que se vaya a fugar o entorpecer la causa. No obstante, les prohibió a los acusados salir del país y los obligó a presentarse ante autoridades policiales o judiciales para asegurarse de que no van a eludir a la Justicia.
Tras procesarlos, Bonadio envió esta causa a su colega Julián Ercolini, que procesó a Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez. Con esto se va conformando el escenario que planteó la Cámara Federal cuando señaló que los expedientes contra la ex presidenta -menos el de dólar futuro- son hechos de la misma maniobra que hay que mirar bajo el prisma de una asociación ilícita. La Cámara Federal imagina que todas esas causas terminarán, tarde o temprano, en un mismo juicio oral que tendrá a la ex presidenta sentada en un largo banco de acusados que compartirá con Báez y López.
Los Sauces es el nombre de la sociedad que era de Néstor y Cristina Kirchner y donde Máximo tenía un 10% de las acciones. A esta empresa pertenecen complejos de departamentos, la casa de Río Gallegos de los Kirchner, departamentos y cocheras en el edificio Madero Center de Puerto Madero. Estas propiedades fueron alquiladas a Lázaro Báez y Cristóbal López. Para Bonadio, el dinero utilizado para pagar los alquileres viene contaminado con la concesión de la obra pública ilegal y su ingreso al sistema bancario es para ocultar su origen y blanquearlo. Para el juez, Kirchner -sobreseído porque está muerto- y su mujer fundaron Los Sauces para canalizar esos fondos y recibir mediante alquileres «los pagos ilegales del delito precedente, que es la obra pública concedida a Lázaro Báez». Muerto Kirchner, Florencia ingresó a la sociedad como jefa, «a sabiendas de lo que sucede», dijo Bonadio.
El resto de los acusados firmaron contratos, los convalidaron como escribanos o apoderados y depositaron los cheques de estas locaciones que para el juez son «pagos ilegales». El juez describió la maniobra de este modo: Cristina y Máximo Kirchner «son los jefes de la banda», a la que ingresó Florencia Kirchner luego de la muerte de su padre, contando, a partir de allí, con poder de decisión sobre la sociedad. El contador Víctor Manzanares, bajo las órdenes de la ex presidenta y sus hijos, «ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturales y bancarios de Los Sauces, sus socios y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, para legalizarlos». Contó con la ayuda de los escribanos Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Albornoz y Norma Abuin, quienes legalizaron tales movimientos.
Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos Fabián de Sousa y Osvaldo José Sanfelice acordaron y organizaron con los accionistas de Los Sauces la forma de devolución ilegal -alquileres, construcción y remodelación de inmuebles, transferencias dinerarias, gerenciamiento del hotel La Aldea- por la obra pública obtenida, llevando a cabo esa tarea ellos mismos o delegándola en otros, quienes a su vez ordenaban su pago o pagaban directamente esa devolución ilegal. En un escalón de mando inferior a Lázaro Báez se encontraba sus hijo Martín, Leandro y Luciana Báez, que firmaban cheques de pago.
