En el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la presidenta de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Rita Núñez, y el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.
Acompañaron la rúbrica la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilia Marchesini; el delegado de la Procuración en Misiones, Raúl Solmoirago, funcionarios de los tres poderes del Estado, representantes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, e integrantes de la Comisión provincial.
Con este acuerdo se busca fortalecer los lazos institucionales entre los actores relacionados con el monitoreo de lugares de detención, entre otras competencias, establecidas en la Ley IV – N°65.
Además, permitirá la organización de encuentros, cursos y seminarios destinados a la capacitación del personal y otros colaboradores en el uso de esos instrumentos de trabajo. También se prevén instancias de formación para las fuerzas de seguridad involucradas y organizaciones de la sociedad civil.
Núñez tuvo a cargo la bienvenida de los presentes a la Casa del Pueblo y agradeció la apertura y decisión política del presidente del Parlamento misionero, Carlos Rovira.
“A partir de esta firma noticiamos de la relevancia que toma este acuerdo que permitirá contar con la expertise del sistema nacional, y el apoyo de esta institución que ya tiene camino recorrido”, explicó.
La presidente de la Comisión detalló que la Procuración “pone a disposición de la provincia de Misiones las herramientas que vienen utilizando, y que ha probado que funcionan”.
Mugnolo, a su turno, destacó el compromiso “de muchos misioneros y misioneras que están comprometidos verdaderamente con los derechos humanos”, con los que “tratamos de coincidir”.
Es necesario, consideró, “reunir a quienes tienen la responsabilidad de administrar la privación de la libertad, y a las estructuras el Gobierno, e incorporar a la sociedad”.
Procuración Penitenciaria de la Nación
Es un organismo oficial dependiente del Poder Legislativo dotado de plena autonomía e independencia para en principio, y como objetivo fundante, proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y asimismo, para controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal.
Fue creada inicialmente por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 1598 del 29 de julio de 1993. Una década más tarde, por Ley 25.875, sancionada por el Congreso el 17 de diciembre de 2003, pasa a la órbita del Poder Legislativo, adquiriendo una nueva jerarquía institucional como órgano Extra Poder, con amplia autonomía e independencia funcional, lo cual supuso un cambio sustancial respecto de sus 10 años de existencia en el ámbito del Poder Ejecutivo.
