El pasado martes, en la Legislatura de Misiones, se reunieron los responsables de las organizaciones integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la provincia (CPPT). En la oportunidad, dieron a conocer el informe público que contiene el resultado del trabajo desarrollado, los objetivos propuestos, y recomendaciones elaboradas durante el primer año de funcionamiento del mecanismo.
Con esta instancia se materializa la obligación legal establecida en la Ley IV – N° 65, y las exigencias del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La presentación se clasificó en tres partes. La primera correspondió al marco legal y al proceso de constitución del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Misiones, y su metodología de trabajo.
En una segunda instancia, expusieron los principales hallazgos de la Comisión registrados durante las visitas y entrevistas realizadas durante el año. También incluyeron las recomendaciones realizadas, los resultados obtenidos y nuevas recomendaciones para la autoridad de aplicación; y describieron la actividad de la CPPT dentro de los lugares de detención.
Por último, informaron del accionar de la Comisión fuera de los lugares de detención y en relación con el sistema de Justicia.
La presidente de la Comisión, Rita Núñez manifestó que “el balance del trabajo es positivo” producto de “haber sentado los criterios para el llevar adelante la tarea objetivo”.
Además destacó la concreción de “vínculos institucionales para que las organizaciones relacionadas con la temática puedan lograr objetivos comunes”.
Núñez evidenció que del análisis se desprende “que hacía falta el monitoreo de las unidades penitenciarias y comisarías, sobre todo para prevenir hechos de malos tratos del personal a cargo de la custodia y cuidado de las personas en contexto de encierro”.
“Hemos recorrido gran parte de la provincia y recomendado a la autoridad de aplicación cuestiones que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad de estos lugares; con la necesidad de acondicionamiento y refacción de algunos; la alimentación de los internos; y la dimensión educativa”, detalló.
A partir de este último punto, aseguró, “se puede aspirar al cumplimiento de la función de la detención: la reinserción social de la persona que comete un delito”.
La funcionaria adelantó que la planificación para 2018 incluye avanzar “con los hogares para niños; este año se realizaron reuniones preliminares y las primeras visitas, pero todavía sin un pantallazo general”.
Asimismo se incluirán “los centros de salud mental y el refuerzo a la capacitación con las fuerzas de seguridad, sobre derechos humanos y prevención de la tortura”, finalizó.
