La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que, de la mano de la administración del Frente de Todos, «se viene una mirada tipo Verbitsky» en el área de seguridad. «Van a volver la inseguridad y el narcotráfico que andaban en la Argentina, sin ningún tipo de problema», dijo.
En declaraciones radiales, Bullrich destacó que dentro de la coalición de Gobierno que llegará al poder el 10 de diciembre hay personas con una mirada similar a la de ella, y que espera que esto continúe. «Dentro del Frente de Todos conviven distintas maneras de pensar la seguridad. El caso de Sergio Massa y su equipo tiene una mirada más estricta y seguramente no desarmará aquellas cosas que hemos trabajado», dijo.
La funcionaria también habló sobre la investigación que se abrió en las últimas horas en su contra, en la que se intentará determinar si se pergeñó un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia, y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos en la zona.
«Esta situación a cinco días de las elecciones llama bastante la atención. Estamos hablando del juzgamiento de una decisión política de un gobierno constitucional y democrático que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano garantista», dijo Bullrich y agregó: «Si nos quieren juzgar por lo que hicimos y la forma que trabajamos, se van a dar cuenta de que van a tener que juzgarse a ellos mismos. Va a ser difícil juzgar a una política que ha sido tan exitosa».
En el marco de esa causa, se imputó a la Ministra de Seguridad, a su exjefe de Gabinete, Pablo Noceti, al exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. También se requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti a que realice una serie de medidas de prueba.
Tras conocerse la imputación, la ministra Bullrich publicó un mensaje en la red social Twitter en el que indicaba: «Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con (Santiago) Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar».
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en junio por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que sostuvo que desde diciembre de 2015 se habría puesto en marcha un supuesto plan «con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios».
En la denuncia, la APDH presentó una serie de hechos entre los que se destacan la supuesta actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la presunta realización de tareas de inteligencia ilegal, «la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)» y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo.
Tras realizar una serie de medidas previas, la fiscalía decidió dar impulso a la acción penal a través de un dictamen en el que expuso, además, la situación actual de los pueblos originarios en base al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia tras su misión a la Argentina en mayo de 2016.
En el dictamen presentado ante la jueza Capuccheti, el fiscal sostuvo que corresponde investigar si los funcionarios denunciados «se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas».
Para el fiscal, es pertinente averiguar si los denunciados dieron, incluso, «órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad».
El representante del ministerio Público Fiscal también señaló en su dictamen que entre aquellos que pretenden la explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina hay muchos que podrían tener «relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal».
El fiscal también remarcó que la investigación deberá dilucidar «si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas, así como a construir en la figura del `RAM´ una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede».
Fuente: Iprofesional
