El presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Héctor Bárbaro, presentó un proyecto de comunicación -que tomará estado parlamentario este jueves- en el que solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, informe en relación al extenso desmonte que se realiza en una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 18 lindera al Parque Provincial Urugua-í.
Bárbaro quiere saber si se cumplieron los procedimientos formales ante la Dirección General de Bosques, las Subsecretarías de Ordenamiento Territorial y de Ecología para tramitar los permisos correspondientes; a qué categoría se corresponde la propiedad según lo dispuesto por la Ley XVI-Nº 105; detalles del informe conjunto obligatorio producido entre guardaparques, Subsecretaría de Ecología y agentes forestales de la Dirección de Bosques; si una vez iniciadas las tramitaciones legales se realizó la convocatoria a una audiencia pública, cuándo y quiénes participaron y cuál es la documentación formal que la avala; cuál es la disposición legal que autoriza la realización del desmonte; si se realizaron inspecciones previas a la propiedad por parte de funcionarios de Ecología, competentes en la materia, y con posterioridad una vez iniciado el proceso de desmonte; qué tipo de aprovechamiento se pretende realizar en la propiedad en cuestión, y cuáles son los volúmenes previstos para la extracción.
El desmonte supera las 400 hectáreas
El desmonte, iniciado a fines del 2016, y que continúa al presente, ya supera las 400 hectáreas para ‘limpiar’ una superficie de aproximadamente cuatro mil hectáreas para conformar un establecimiento de producción ganadera en toda esa región».
A través de este Proyecto, el PAyS pretende conocer qué tramite se iniciaron, si el procedimiento se ajusta o no cabalmente a las normativas vigentes, y mediante qué instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Ecología se autorizaron, o no, iniciar los apeos y los trabajos de deforestación en la propiedad referida, como así también si se realizaron las inspecciones previas o se prevén realizarlas conformes a las facultades de control y fiscalización atribuidas a la autoridad de aplicación.
«Si no se cumplieron los procedimientos establecidos en las normativas, claramente las autoridades ambientales de la provincia están incurriendo en graves irregularidades, ya sea por omisión o por una acción deliberada tendiente a favorecer actividades presuntamente ilícitas, ‘liberando’ zonas sobre las que se debería ejercer un estricto control.
Dichas acciones se ponen de manifiesto al no ejercer los controles correspondientes, al comprobarse omisiones o irregularidades administrativas en la tramitación de los expedientes, como así también diversas arbitrariedades a nivel de las prácticas de los funcionarios competentes», especifica el Proyecto.