A la persistente protesta que los camioneros iniciaron la semana pasada en Paraguay, se sumaron este martes en las calles de Asunción las de campesinos y gremios de educadores y trabajadores médicos para denunciar que el Gobierno incumple acuerdos firmados y exigir reivindicaciones presupuestarias y salariales, respectivamente.
Con carteles, banderas y cartulinas en manos, cientos de campesinos llegaron por la mañana desde diferentes puntos del país hasta el microcentro de la capital para reclamar la implementación de la Ley 6669, que contempla la transferencia de alrededor de 16 millones de dólares para la recuperación de la agricultura familiar.
«Traemos los documentos para demostrar las mentiras que se hacen a través del Ministerio de Agricultura; hay nueve expedientes de articulaciones, hay más de 15.000 cédulas que se sacaron a personas campesinas e indígenas empobrecidas y hace ocho meses que hay en vigencia una ley de emergencia de asistencia a la agricultura familiar, pero está dormida», dijo el dirigente campesino Jorge Galeano al diario Última Hora.
Galeano afirmó que el Gobierno abandonó a los campesinos e indígenas y que por esta razón se sienten «traicionados».
Consideró que el Ministerio de Agricultura hace más de ocho meses que tuvo a disposición unos 25 millones de dólares para brindar asistencia, pero el dinero no se ejecutó.
El Gobierno, en cambio, afirmó que de esa partida se destinaron 14 millones a las organizaciones campesinas.
Un grupo de campesinos se reunió con autoridades nacionales, pero ante la falta de acuerdo los manifestantes ratificaron la protesta, y adelantaron que mañana marcharán hacia el Ministerio Público para rechazar los más de 800 desalojos que se realizaron de forma irregular, sin orden judicial.
En tanto, la Federación de Camioneros del Paraguay había anunciado que continuaría movilizada de manera pacífica en la capital hasta que el Congreso decidiera sobre un proyecto de ley que pretende regular el costo operativo y el precio referencial del flete, pero el Gobierno decidió por decreto crear el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga.
La idea es que ese cuerpo, dependiente de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán), establezca los valores de los costos operativos referenciales del flete.
El Senado devolvió entonces las iniciativas a las comisiones, pero los camioneros advierten sobre el riesgo de inconstitucionalidad del decreto, y aún mantienen la medida.
El titular de la Federación de Camioneros, Ángel Zaracho, advirtió sobre el “temor de que el decreto presidencial sea atacado de inconstitucional”, y aunque valoró “el esfuerzo del presidente” Mario Abdo Benítez, dijo que buscarán que el Congreso se ocupe del tema.
Los camioneros hicieron esta tarde una corta caravana por la costanera de Asunción, y volvieron a generar problemas en el tránsito.
También el frente del Ministerio de Salud -en el centro de Asunción- reunió hoy a miembros del Sindicato Nacional de Médicos en reclamo del cumplimiento de un acuerdo suscrito por el Gobierno para la ampliación presupuestaria de unos 15 millones de dólares que ya fue solicitada al Ministerio de Hacienda para equiprar salarios.
«No estamos pidiendo aumento ni reajuste ni subsidio; lo que queremos es que haya una igualdad, una equiparación por las horas trabajadas y el sueldo percibido», expresó la secretaria del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).
La dirigente del gremio sostuvo que otro pedido es mantener a todo el personal contratado durante la contingencia por la pandemia del Covid-19.
«Son 1.000 médicos y tienen que permanecer en el sistema para que haya una atención un poco mejor. Es necesario para poder brindarle a la población la salud que realmente se merece», añadió.
El mismo Ministerio hoy recibió los reclamos de los gremios docentes, quienes exigen una suba salarial del 16% y llevan adelante un paro para presionar al Gobierno, medida que en primera instancia durará dos días.
Esta medida de fuerza fue apoyada por alrededor de 60.000 docentes y afecta a unos 1.3 millones de estudiantes de todo el país.
La Cámara de Diputados pareció atender algunos reclamos y aprobó hoy la modificación a favor del aumento a los docentes de un proyecto de ley que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social en la pandemia del Covid-19.
El proyecto de ley que establece medidas “de consolidación económica y de contención social” para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid-19, y ya tiene media sanción del Senado.
El pleno estudió específicamente el artículo 4 de la iniciativa, que prohíbe el aumento salarial para todos los funcionarios públicos para contrarrestar la crisis económica, pero exceptuó al personal docente y de enfermería, a propuesta de la Comisión de Presupuesto.
