El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, concurrió este martes al plenario de comisiones del Senado que debate el aborto legal donde afirmó que «la ley va a bajar de manera dramática los costos de complicaciones por abortos clandestinos». En este punto, especificó que el costo actual estimado es de $ 4.078,30 millones y que tras la legalización, ese monto se reduciría a $ 678,60 millones, lo que implica un ahorro para el Estado de $ 3.400 millones.
Al exponer datos y estadísticas, el funcionario señaló que el costo para el Estado en la actualidad «por aborto es de 11.500 pesos» y que si se legaliza, con el acceso a los abortos farmacológicos -más seguros- y la provisión estatal del misoprostol, a través de licitaciones públicas, bajaría a 1.914 pesos.
El titular de la cartera sanitaria expuso en las comisiones de Salud, Asuntos Constituciones y Asuntos Jurídicos y Penales, luego de la impugnación que le hicieran los senadores Cristina Fiore y Guillermo Snopek. La salteña y el jujeño, ambos en contra de la iniciativa, consideraron que Rubinstein no debía participar del plenario para evitar «posibles influencias» del Poder Ejecutivo «en la toma de decisión de los legisladores».
«Se han dicho barbaridades que no estoy dispuesto a aceptar», se defendió Rubinstein cuando tomó la palabra. «El tema del aborto surgió como un gran debate social del movimiento de mujeres. Yo no vine a fijar posición personal, vine a hablar y a ofrecerles datos como ministro de Salud», expresó.
El ministro explicó que, según datos de 2014, hay en el país 47.063 internaciones anuales en el sector público por complicaciones de abortos clandestinos, cifra que se eleva a 70.200 si se tiene en cuenta al sector privado. Todas estas cifras podrían reducirse en un 98% con la aprobación de la ley, según Rubinstein. Además, indicó que se producen 37 muertes anuales por aborto.
Fue justamente la senadora Fiore la que le cuestionó que se pretenda legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo cuando en la página del Ministerio de Salud, el aborto figura «como la causa número 70 de muerte de mujeres en la Argentina».
«Toda muerte nos tiene que importar», respondió Rubinstein. «¿Es el aborto el primer problema de salud pública de la mujer en Argentina? No, no lo es pero es un problema que afecta a la población más vulnerable y lo tenemos que resolver», agregó.
«El aborto es un problema de salud pública porque produce muertes evitables y sobre todo en mujeres con alta vulnerabilidad social. Los países restrictivos no reducen la muerte por abortos e implican mayores costos para el sistema de salud», resumió Rubinstein, que ayudado por un mapa mostró que los países con aborto legal han mejorado sus cifras.
Además, el titular de la cartera de Salud destacó que en los últimos 10 años disminuyeron las muertes maternas por aborto en Argentina, lo que atribuyó a la prevención, a las políticas de salud sexual reproductiva y también al uso más extendido del misoprostol como método abortivo en la clandestinidad.
Ante esta reflexión, fue el senador Esteban Bullrich en que le preguntó si ante la reducción de las cifras y la importancia de la prevención, «no estábamos eligiendo el camino más fácil». «Porque somos muchos los que creemos que hay dos vidas», lanzó.
«Coincido mil por mil. Hay que trabajar en la prevención. Pero el tema es qué hacemos en el mientras tanto y eso toma tiempo», respondió Rubinstein. «El aborto es una tragedia, no una solución anticonceptiva. Ninguna mujer aborta porque quiere», concluyó.
Ante las comisiones, también se presentaron el ex ministro de Salud de Néstor Kirchner, Ginés González García, el rector de la Universidad Católica Argentina, Miguel Schiavone; la doctora en Derecho Eleonora Lamm; el jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti; el exsubsecretario de Salud de Uruguay, Leonel Briozzo; y el diputado uruguayo Gerardo Amarilla.
Estuvieron, además, Patricio Sanhueza, secretario del Comité de Mortalidad Materna de México; Adolfo Etchegaray, director del Programa de Cirugía Fetal del Hospital Universitario Austral; Roberto Saba, docente de Derecho Constitucional; Julia Elbaba, médica magister en Bioética; Nora Maciel, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste; Alejandro Barcelo, mágister en Bioética; Juana Garay, estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires; y Fernando Toller, abogado constitucionalista, entre otros.
Fuente: Ambito
