Después de casi cinco meses de intensas negociaciones tras el preacuerdo alcanzado en Mendoza en marzo, el Gobierno finalmente logró ayer acordar con las provincias un nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que será girado al Congreso a mediados de septiembre, junto con el Presupuesto 2018. De aprobarse, a partir del año próximo las jurisdicciones tendrán que ajustar las cuentas para mantener el gasto corriente en términos reales; no incrementar personal por encima del crecimiento poblacional y descartar cualquier aumento de la presión impositiva.
Saldada esta discusión, la Nación intentará luego lograr que las provincias bajen impuestos distorsivos, un debate que se proyecta largo y con muchas concesiones de ambos lados de por medio.
El consenso en torno al nuevo proyecto fue alcanzado en un encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, realizado en el Palacio de Hacienda, del cual participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, parte de su gabinete, y los ministros de Economía provinciales. «Llegar a un consenso nos beneficia a todos; es una muestra de que trabajando juntos podemos conseguir resultados para todos los argentinos», enfatizó el ministro.
Los principales puntos del proyecto son los siguientes:
-Límite a las erogaciones. La tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario no podrá superar la inflación. No se tendrán en cuenta los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales; las transferencias por coparticipación a municipios y comunas; los aportes de Nación para asignaciones específicas, así como tampoco las erogaciones destinadas al cumplimiento de políticas públicas nacionales.
En el caso de las provincias que hayan cerrado el año previo a su evaluación con superávit, también se les deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura en las áreas de salud, educación y seguridad.
– Tope al empleo público. La Nación y las provincias se comprometen a no aumentar el empleo público registrado al 31 de diciembre del 2017 más que la población proyectada de cada jurisdicción. Sólo podrán incorporar trabajadores asociados a nuevas inversiones en salud, educación y seguridad aquellas provincias superavitarias.
– Fondos anticíclicos: cada jurisdicción creará un fondo con los recursos excedentes en los años de bonanza fiscal y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.
– Deuda. Los gobiernos tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento sea tal que los servicios de deuda no superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por copartipación a municipios. Las que superen este porcentaje, no podrán acceder a nuevo endeudamiento.
Respecto de las nuevas emisiones, uno de los puntos que fue incorporado en el encuentro de ayer fue que la Nación establecerá los procedimientos y los plazos para la autorización de las operaciones de endeudamiento, un pedido que realizaron específicamente Córdoba y Santa Fe. Consultado el ministro de Economía cordobés, Osvaldo Giordano, afirmó que «hoy no hay nada pautado y es bastante discrecional». «Eso hace que cuando queremos emitir deuda, siempre estamos con la soga al cuello esperando a ver si la Nación nos autoriza o no», sostuvo el ministro.
Giordano valoró la iniciativa general, ya que a pesar de que las situaciones son muy heterogéneas, «es una herramienta importante para contener la demanda de gasto público». Algunas provincias, como San Juan, plantearon algún cuestionamiento a la contención del gasto para las jurisdicciones con superávit, pero finalmente hubo acuerdo general en torno a este punto. La respuesta que recibió el ministro provincial fue que si tenían resultado positivo, que la provincia lo invierta en infraestructura o que baje impuestos, dijeron fuentes oficiales. «Todas necesitan control, aunque no es tan fácil tener una regla común», dijo una fuente de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy está afuera de la ley, pero que será una de las primeras en enviar su proyecto de adhesión a la Legislatura.
El proyecto de ley también incorpora pautas de fin de mandato para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno, así como también el llamado a no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.
Fuente: Cronista
