En 10 años, todos los sectores de la economía argentina deberán competir de igual a igual con las importaciones europeas, sin distinciones ni excepciones. Esto regirá para los rubros industriales con mayores problemas de competitividad (textiles, electrodomésticos, artículos electrónicos, algunos productos de laboratorios por ejemplo). Otros sectores tendrán menos tiempo para adaptarse, y deberán competir de igual a igual en 5 años. A cambio, en plazos similares y con esquemas de «cupos» (no apertura completa, sino parcial), Europa abriría sus fronteras a los productos primarios argentinos y a las manufacturas de alimentos. Con esta fórmula básica, Mauricio Macri y Michelle Temer quieren firmar esta semana el primer acuerdo de integración económica del Mercosur con los enviados de la Unión Europea (UE) que participan de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que ayer comenzó en Buenos Aires.
Serán, obviamente, lineamientos de carácter «político», que deberían ser aprobados por los parlamentos de todos los países del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), sin contar a Venezuela que permanece suspendida y no será parte del tratado. Un eventual pacto de apertura comercial entre el Mercosur y la UE permitiría formar el bloque económico más grande y poderoso a nivel mundial y comenzaría a regir desde el primer día posterior a la aprobación legislativa en todos los estados participantes. En el caso del Mercosur, luego que los Congresos de los cuatro países lo firmen. En el caso de la UE, sería el Parlamento Europeo el que debería avalarlo.
Las negociaciones entre ambos bloques están políticamente en tiempo de definiciones, y se confía en Buenos Aires en que esta semana se podrá firmar un primer protocolo de compromisos reales, que abarque casi el 80% de los sectores en discusión. Y que luego, mientras los parlamentos comienzan a discutirlo, se terminen de negociar los rubros más conflictivos. En el caso de los intereses argentinos, el problema es claro: Europa se resiste a ampliar su capacidad de compra de carne en todas sus variantes, y no está clara cual será la posición en los envíos de soja, maíz, trigo, girasol, maní y el resto de los principales commodities donde el país es competitivo.
El Gobierno de Macri está convencido que los tiempos negociados (etapas de apertura con un máximo de 10 años), beneficiarán ampliamente a las exportaciones argentinas, y mejorarán el potencial competitivo del país. Sobre las diferencias de costos locales, el propio Presidente tiene en mente una estrategia de puesta a punto de la industria local que debería terminar a fines de 2022 o 2023. Para esto asegura que el sector público hará su propio aporte, y que la presión fiscal global bajará en unos 30 puntos porcentuales. A cambio continuaría la estrategia de negociación con los diferentes sectores de la economía argentina, para que puedan estar listos para la competencia con los europeos. Para el Presidente, el modelo a seguir es el que se firmó hace 10 días entre los fabricantes de productos electrónicos instalados en Tierra del Fuego, donde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aceptó un congelamiento salarial de paritarias, lo que permitiría bajar la carga salarial en 30%. Según la visión oficial, esta decisión, sumado a los compromisos oficiales para reducir costos burocráticos impositivos y aduaneros, provocaría que en menos de 10 años, la industria fueguina estaría en condiciones de enfrentar la competencia europea. Incluso la entusiasta interpretación oficial habla de la posibilidad que los fabricantes locales puedan exportar hacia el potencial nuevo mercado en condiciones similares a las que lo hacen sus pares polacos, turcos y rumanos, con buena penetración en la UE.
Un acuerdo con este bloque es festejado por varios sectores, comenzando por el automotriz. Hoy ese mercado está cerrado (salvo excepciones) y se confía en que varias terminales de capitales alemanes, franceses e italianos, podrían utilizar sus plataformas locales para decidir inversiones de diferentes modelos para su estrategia de negocios europeos. La fabricación de automóviles exportables a Europa se abarataría, según el Gobierno, un 35%. Este rubro sería de los primeros en abrirse.
De acuerdo a las proyecciones que se esperan para 2017, las exportaciones a Europa alcanzarán el 15% del total, mientras que las importaciones llegaran al 17%. Según la estimación oficial, en poco tiempo, el porcentaje llegaría al 20% de las exportaciones, el nivel que detentaban en 2005, cuando comenzaron a caer por la aplicación de políticas proteccionistas locales. Las ventas a la UE de este año llegarían a los u$s 9.000 millones, concentrándose en manufacturas de origen agropecuario; mientas se importarán por unos u$s12.000 millones, en su mayoría bienes industriales. Macri concentró las negociaciones con la UE, sin tener en cuenta las opiniones sectoriales. Se sabe que la mayoría de los rubros industriales es crítico a la potencial firma del acuerdo. Pero siguiendo la línea de autonomía a lo que representa el «círculo rojo», desde el Gobierno las negociaciones las concentraron cuadros técnicos de los ministerios de Relaciones Exteriores y Producción.
Fuente: Cronista