El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechaza utilizar su derecho a pedir la prisión domiciliaria, al que ya puede acceder, a raíz de que ya cumplió un sexto de la pena por corrupción a la que fue condenado por la operación Lava Jato, a la cual califica como una maniobra política para quitarlo, el año pasado, de la carrera electoral presidencial.
“Lula no quiere ejercer ese derecho porque sostiene que no cometió ningún delito”, le dijo al diario O Estado de São Paulo el abogado del expresidente, Cristiano Zanin Martins.
El Superior Tribunal de Justicia, redujo en abril de 12 a 8 años de prisión la condena de Lula por corrupción que le había impuesto en 2017 el entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
El expresidente orientó a sus abogados a que señalen que por el momento no prevé usar el derecho de lo que se denomina “progresión de la pena”, es decir, permitir un arresto domiciliario con tobillera electrónica o tener que volver a prisión a dormir todas las noches.
Lula, de 73 años, gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y está preso desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
El líder opositor espera que el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, anule su sentencia a raíz de las pruebas ofrecidas por el sitio The Intercept, que reveló diálogos en chats de fiscales y el juez Moro supuestamente complotando contra Lula para sacarlo del juego electoral sin pruebas.
El caso por el que fue condenado se refiere a un departamento que habría recibido como soborno en el balnerario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, en el marco de la megacausa Lava Jato, que investiga desvíos originados en contratos de la estatal petrolera Petrobras.
El gobernador del estado de Maranhão (noreste), el comunista Flavio Dino, aliado de Lula, un exjuez, afirmó que Lula tiene a partir de hoy el derecho de iniciar el régimen progresivo de libertad.
El exmandatario cuenta con una condena, también bajo sospecha por las revelaciones de The Intercept, por haber recibido sobornos de Odebrecht en obras contratadas para la quinta de un amigo, en la ciudad paulista de Atibaia.
La condena contra Lula por el departamento de Guarujá le impidió presentarse a las elecciones del año pasado, en las cuales era el favorito según todas las encuestas, incluso desde la cárcel.
Fuente: Ámbito