La Red Argentina expresó su postura contraria a la del ministro, Germán Garavano, que propuso discutir la baja de edad de punibilidad. En un encuentro en el que participó la diputada Myriam Duarte promoverán una audiencia pública en el Congreso y alertarán sobre el discurso que vincula vulnerabilidad o la falta de oportunidades con cometer delitos.
La diputada provincial, Myriam Duarte participó del Segundo Encuentro de la Red Argentina No Baja, sobre la edad de punibilidad que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con la intención de debatir y polemizar con los cambios del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
Esta Red de organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, de derechos humanos y especialistas en el tema, se opone a la política de bajar la edad de punibilidad que impulsa el Gobierno nacional. El encuentro convocó a más de 400 asistentes quienes analizaron acciones para evitar esa iniciativa del macrismo, y una de las propuestas fue nacionalizar la campaña.
La convocatoria de la Red Argentina No Baja se realizó horas después de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano anunció la pretensión del Gobierno de poner en discusión la baja de la edad de punibilidad para ir en ese sentido. “En rechazo a esa intención se sumaron muchísimos colectivos, individuos y referentes políticos y sociales, así como especialistas en el tema; en forma paralela se desarrollan convocatorias similares como No a la Baja, que tiene especial desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires”, explicó la diputada Duarte.
Preocupación de Unicef
Durante la apertura, la titular de Unicef Argentina, Florence Bauer, destacó la importancia de «una Ley que busque la recuperación de los chicos y que respete los derechos de acuerdo a la legislación internacional vigente», y como eso no implica bajar la edad de punibilidad, le resultó «preocupante el proceso que está llevando adelante el Gobierno, que pretende aplicar una receta mágica a un tema complejo, que no se puede resolver en dos semanas”.
En el Encuentro se puso en evidencia que esta problemática tiene carácter regional por lo que la Red Argentina No Baja, cuenta desde un comienzo con el acompañamiento de la Campaña No a la Baja, de Uruguay, quienes aportaron insumos comunicacionales, así como apostaron a la comprensión de que no se trata de un fenómeno aislado o particular, sin que la derecha propugna este tipo de legislación regresiva en todos los países de la región, y que además lo hace cíclicamente.
«Se ratificaron seis puntos de pedido inicial»
En esta oportunidad ratificaron los seis puntos propuestos en el documento inicial, y se conformaron tres comisiones de trabajo enfocadas por un lado, a las acciones de comunicación y difusión, cuyo objetivo es establecer una agenda de trabajo en ejes que incluyen la nacionalización de la red; la producción de acciones de articulación y sensibilización que advierten la necesidad de no desvincular el tema en discusión de una matriz ideológica que caracteriza al Gobierno de Mauricio Macri, en cuanto a la disminución y conculcamiento de derechos, represión y opresión, que tiene diversas aristas y donde esta intención forma parte de las avanzadas habituales de la derecha”, explicó la legisladora misionera.
Hubo reflexiones en cuanto a «no caer en la trampa de vincular la vulnerabilidad o la falta de oportunidades a la posible comisión de delitos», para no hacerle el juego al discurso oficial que pretende instalar ese axioma. Acordaron compartir datos estadísticos para ser difundidos bajo la consigna «Garavano Miente (en tónica con lo planteado en relación a las características generales del Gobierno), ya que el funcionario de Cambiemos difundió en los medios que el 25% de los delitos graves son cometidos por menores de entre 14 y 16 años, «lo que es completamente falso» y será rebatido con datos fehacientes.
En esa línea trabajarán de manera creativa para compartir el mensaje, en forma colaborativa con instituciones responsables y comprometidas, como la Universidad Pública.
Como parte de su compromiso, los participantes también comprometerán públicamente a diputados y senadores y, a propuesta de la legisladora Duarte, «articular con compañeros en las provincias, para que esto no ocurra solamente en Buenos Aires, sino en cada lugar con nuestros representantes nacionales».
«El macrismo no otorga un contexto adecuado»
Por otra parte analizaron la posibilidad de trabajar un nuevo régimen penal juvenil, desde la agenda legislativa. «Si bien es deseable trabajar sobre un régimen penal juvenil, que pasó a llamarse, por sugerencia de uno de los presentes, régimen penal para adolescentes -para dejar claro que se trata de adolescentes y no de jóvenes, que es un rango etáreo indefinido-, la Red consideró, sin embargo, que no era adecuado avanzar sobre esta propuesta, sobre todo por las características represivas del Gobierno actual que no admiten margen de trabajo en el tema, ni que se legitime siquiera la discusión».
Quedó claro -dice la diputada- que el sistema penal no tiene por objeto resolver las cuestiones de fondo que generan el conflicto con la Ley, «sino el de penalizar, punir y por lo tanto lo que se puede esperar de él es que se constituya en el mejor sistema posible, garantizando todos los derechos. Cuando las condiciones políticas lo permitan se podrá abordar la discusión, pero el macrismo no es el contexto adecuado», reflexionó.
La Red también decidió denunciar el oportunismo político del Gobierno al instalar este tema, y el peligro que representa discutirlo de apuro en un año electoral.
Políticas públicas acordes a los DDHH
En el tercer punto, de políticas públicas destinadas a un régimen penal juvenil acorde a los DDHH, una de las participantes comentó su experiencia en el centro de atención y derivación (parte de la incipiente implementación del sistema acorde a DDHH en la Ciudad de Buenos Aires), donde el 23% son chicos detenidos, enviados allí, y automáticamente liberados porque no cometieron ningún delito, solo son chicos en situación de la calle. Y un elevado porcentaje de ellos hacía lo posible por entrar a ese lugar, para tener dónde comer, dormir y bañarse», destacó Duarte.
Entre los puntos para destacar está la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios que puedan trabajar con los adolescentes en conflicto, o presuntamente en conflicto con la Ley Penal, así como en la constitución de redes de organizaciones que trabajen al interior de los penales. «Como ejemplo, comentaron la experiencia del encuentro nacional de escritores en contextos de encierro, reivindicando el rol y resultados de los talleres de escritura, como los de radio o arte».
Y ante la ausencia de políticas públicas para chicos de 11, 12 o 13 años, en lugar de culpabilizar por lo que hicieron, «deberíamos preguntarnos qué hicimos como Estado y como sociedad por esos chicos, a esa edad, para que no lleguen a una situación conflictiva con la Ley».
Junto al debate y las propuestas de trabajo, un punto central fue la denuncia del recorte en programas sociales y educativos, que son herramientas de inclusión, así como exigir información al Estado acerca de la situación actual oficial de los sistemas de protección que deberían estar activos en todo el país, como también prestar especial atención a la situación de las organizaciones sociales que trabajan el tema, «ya que con la total retirada del Estado, están solas y desbordadas, muchas sin recursos para poder continuar con su tarea, perdiéndose así un capital social, simbólico y cultural muy importante de personas con muchos años de experiencia».
«El único lugar para una discusión de este tipo es el Parlamento»
Las acciones también denunciarán los intentos por invisibilizar a los adultos que trabajan con los chicos y no tienen ninguna participación en la discusión, en particular en relación a la supuesta convocatoria del ministro Garavano a una audiencia pública, a la que muchas organizaciones y especialistas no pudieron inscribirse, y que con dos minutos de exposición por orador, no permite profundizar un debate tan complejo.
Un punto que Misiones viene trabajando desde otras temáticas también quedó expuesto: en qué situación quedan los chicos cuando sus padres, adultos, son detenidos y encarcelados.
Surgió además en la audiencia pública sobre la problemática, que las organizaciones que vienen trabajando el tema participaron con la intención de hacer llegar sus voces contrarias; pero no como Red, sino como agrupaciones individuales, con el propósito de dejar en claro, además, que el lugar para una discusión de este tipo es el Parlamento y de cara a toda la sociedad.
Contradicciones permanentes
«Sostenemos que un sistema penal que infringe leyes todos los días, que no garantiza el respeto por los derechos humanos, que no brinda oportunidades de reinserción social, sino que más bien funciona como reservorio de resentimiento social, y de especialización del detenido -ya sea en calidad de procesado o condenado- en todas las materias delictivas que desconoce hasta el momento de ingresar al penal. No puede ser una solución deseable al ampliar su rango de acción también a niños».
Agregaron que como sociedad «debemos dar mensajes de salud y coherencia, si esperamos que de ella surjan jóvenes sanos y coherentes; pero hasta el momento, como sociedad adulta les estamos dando señales contradictorias permanentemente, avalando delitos que perjudican a miles de personas, y punibilizando a los niños como si fueran adultos. Hacer las mismas cosas y esperar resultados distintos es de locos», manifestaron desde el Encuentro de la Red Argentina No Baja.
