La relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, ha concluido este miércoles que existen pruebas suficientes para responsabilizar del asesinato de Jamal Khashoggi al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman (MBS), y otros altos cargos del reino. Así se desprende del informe que ha presentado hoy y en el que insta a que se le incluya en las sanciones y se profundice en la investigación sobre el caso. A pesar de haber recibido el texto de antemano, las autoridades saudíes guardan silencio, pero siempre han negado la implicación del príncipe.
“Existen pruebas creíbles que justifican una mayor investigación sobre la responsabilidad individual de altos funcionarios saudíes, incluido el príncipe heredero”, asegura la experta de la ONU en su informe. “De hecho, esta investigación de derechos humanos ha demostrado que hay suficientes evidencias creíbles respecto a la responsabilidad del príncipe que exigen una indagación exhaustiva”, añade. Callamard pide en consecuencia que los países amplíen sus sanciones para incluir a MBS y sus bienes personales, «a menos que y hasta que pueda probar» que no está implicado.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la reacción de las autoridades saudíes. Una responsable de comunicación del Gobierno ha sugerido que haga la petición por la vía habitual al Centro de Información Internacional desde el que no ha habido respuesta.
El periodista saudí Jamal Khashoggi, de 58 años, fue asesinado el pasado octubre entro del Consulado de Arabia Saudí en Estambul. Después de su inicial negativa, Riad terminó admitiendo que el crimen había sido obra de agentes al servicio del Estado. Sin embargo, las autoridades saudíes siempre han insistido en que estos no actuaban por orden del heredero. Aunque el periodista no era un disidente, su creciente incomodidad con las restricciones para expresar su opinión le llevó a autoexiliarse en Estados Unidos en 2017. Allí empezó a colaborar con The Washington Post y a mostrarse cada vez más crítico con las políticas del príncipe.
“La relatora especial ha concluido que Khashoggi fue víctima de una ejecución extrajudicial, deliberada y premeditada, de la que el Estado de Arabia Saudí es responsable de acuerdo con la ley internacional sobre derechos humanos”, afirma Callamard antes de pedir al secretario general de la ONU que abra una investigación internacional.
Callamard recibió el pasado enero el encargo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de averiguar “la naturaleza y el alcance de la responsabilidad de individuos y estados en el asesinato”. Viajó entonces a Turquía con un equipo de tres forenses y a su regreso aseguró haber encontrado “pruebas” de que Khashoggi fue “víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios del Estado de Arabia Saudí”. También se quejó entonces de la falta de cooperación de las autoridades de Riad que, dijo, se estaban amparando en la inmunidad diplomática para buscar la impunidad.
Su informe final, que se extiende a lo largo de 100 páginas, no solo ratifica esas primeras conclusiones, sino que insiste en la responsabilidad del príncipe más poderoso que nunca haya tenido Arabia Saudí. El heredero, más conocido por sus siglas, MBS, acumula además los cargos de vice primer ministro, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, y presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad. Se trata por tanto de un duro golpe para la monarquía saudí que ha tratado de distanciarse del truculento crimen desde que salió a la luz.
La presión internacional obligó a Riad a reaccionar. Anunció entonces una investigación y el pasado noviembre el fiscal general del reino, Shalaan Shalaam, dijo que la orden de asesinar a Khashoggi la había dado el jefe del equipo negociador enviado para tratar de convencerle de que regresara a Arabia Saudí. El periodista habría muerto por la droga que le inyectaron para reducirlo por la fuerza cuando se negó a sus pretensiones. Según esta versión, los agentes descuartizaron el cuerpo y se lo entregaron a un colaborador local fuera del Consulado. Sus restos no se han encontrado y filtraciones de los servicios secretos turcos apuntan a que fueron disueltos con ácido.
Shalaan aseguró entonces que cinco individuos habían confesado el asesinato y que el príncipe heredero “no tuvo conocimiento del mismo”. Poco después se informó de que 11 personas, de las que no se facilitó la identidad estaban siendo juzgados y que el juez pedía la pena de muerte para cinco de ellos. Sin embargo, Callamard dijo que el juicio no cumplía los estándares internacionales y pidió que se suspendiera.
Está previsto que Callamard presente las conclusiones de casi siete meses de pesquisas a los 47 miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo día 26.
Fuente: El País
