La Cámara de Representantes de Estados Unidos sancionó una ley que incluye un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden para investigar si las denuncias sin fundamento de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019.
La Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero, que ahora pasa al Senado, pide al Departamento de Estado que busque respuestas de la OEA respecto de su comportamiento en Bolivia para «garantizar que no ocurran otra vez ataques similares contra la democracia», dijo el liderazgo de la Cámara baja en un comunicado, tras aprobarlo este miércoles.
Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una «sugerencia» de jefe de las Fuerzas Armadas tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y de que la OEA denunciara irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006.
La vicepresidenta segunda del Senado, la dirigente de derecha Jeanine Áñez, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quorum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).
En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre en el que denunció tácticas «deliberadas» y «maliciosas» para inclinar las elecciones hacia Morales, pero dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban.
Un total de 37 manifestantes fueron muertos en noviembre en la represión de protestas contra el golpe de Estado en las ciudades de Sacaba y Senkata por parte de fuerzas de seguridad que habían recibido garantías de inmunidad por parte de Áñez.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, buscó por todos los medios legitimar el Gobierno de facto de Áñez pese a crecientes denuncias internas e internacionales de persecución política y violaciones de los derechos humanos.
En marzo de 2020, Almagro fue reelecto por otro cinco años al frente de la OEA con el apoyo diplomático del anterior Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente republicano Donald Trump.
El pedido al nuevo Gobierno demócrata de Estados Unidos de investigar el accionar de la OEA eleva la presión que Biden enfrenta para actuar desde diciembre pasado, un mes antes de asumir, desde América latina.
En diciembre pasado, el presidente Alberto Fernández dijo que «que Almagro siga en la OEA es penoso porque fueron cómplices del golpe de Estado en Bolivia», la misma semana en que el Parlamento Andino aprobó una resolución para investigar el rol del organismo panamericano en el golpe de Estado.
El pedido de que el Gobierno de Estados Unidos haga lo mismo fue introducido en la ley por los representantes de la mayoría demócrata Jan Schakowsky y Susan Wild, que desde el mismo noviembre del golpe han estado exigiendo respuestas de la OEA sobre el tema.
En el comunicado, las autoridades demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que el pedido urge al Departamento de Estado a investigar «las declaraciones y acciones altamente controvertidas de la OEA al denunciar fraude en las elecciones de 2019 en Bolivia».
La nota agregó que estas afirmaciones de la OEA «contribuyeron al derrocamiento del presidente de Bolivia elegido de manera democrática y a la aparición de un régimen no elegido, apoyado por el Ejército y responsable de violaciones masivas a los derechos humanos».
«Pese a repetidas cartas (con solicitudes de explicaciones) de congresistas (de Estados Unidos), funcionarios de la OEA no han dado respuesta a las preguntas de miembros del Congreso sobre los fundamentos de las afirmaciones de la OEA sobre Bolivia», prosiguió el comunicado publicado en la página web de uno de los dos legisladores impulsores del pedido.
«Estadísticos de primera línea y medios de comunicación creíbles de todo el mundo han concluido que las declaraciones de la OEA estaban equivocadas y carecían de base factuales», agregó.
«Los representantes Schakowsky y Wild seguirán trabajando para garantizar que los miembros del Congreso reciban información creíble en respuesta a toda la serie de cuestiones que ellos y otros colegas han presentado sobre el daño causado a las instituciones democráticas de Bolivia», señaló.
