El presidente Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias y el Congreso retomará tareas antes de que termine el mes de enero. En las últimas semanas, el llamado se demoraba por las especulaciones del propio oficialismo, que deseaba contar con precisiones sobre el apoyo que tendría de aliados y dialoguistas para el temario, que implicaría el tratamiento de debates de alto impacto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Manuel Adorni confirmó en el mediodía de este viernes que el Presidente, desde la Quinta de Olivos, rubricó el decreto que efectiviza la convocatoria, que tendrá su publicación en el Boletín Oficial la próxima semana. Horas después, el portavoz ratificó el llamado en sus redes sociales y detalló que las sesiones extraordinarias se realizarán entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Dentro de la oposición, adelantaron que utilizarán la ventana de actividad parlamentaria para insistir en la derogación de decretos presidenciales.
Según señaló el funcionario, al Senado de la Nación ingresaría la reforma más pretenciosa de Casa Rosada en materia de seguridad, conocida como «Ley Antimafias», que define penalmente lo que es una organización criminal en nuestro país, colectiviza las condenas (el peor delito de cualquier miembro para todo el grupo) y brinda potestades extraordinarias a las fuerzas de seguridad (como la posibilidad de detención por 15 días por averiguación de antecedentes) en territorios determinados.
Además, se daría otro debate sustancial: el tratamiento de los pliegos de dos candidatos del oficialismo (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla) para integrar la Corte Suprema de Justicia. Así como lo investigó previamente Ámbito, el Poder Ejecutivo no descarta nombrar a los dos magistrados por decreto y ya definió su estrategia de negociación: «O los dos o ninguno». Como variable de intercambio, accederían a la ampliación de los miembros del máximo tribunal, una modificación que le interesan a todos los espacios que podrían facilitarle sus avales al Gobierno. El número que se encuentra en discusión es de nueve jueces.
Diputados: reforma política y de seguridad
Con la aprobación de la ley Bases y los decretos complementarios que llegaron posteriormente, el Presidente blindó la legislación que necesitaba para desplegar su plan económico. Eso se manifiesta en el temario para las sesiones extraordinarias, donde se incluyen proyectos sobre la reforma política y modificaciones en el Código Penal y Procesal. En otro sentido, se promoverá una Ley de Compensación e índice de Actualización de Quebrantos.
En este último caso, se tratarían los proyectos -que cuentan con dictamen previo- de la posibilidad enjuicio en ausencia del imputado para delitos graves; la modificación de los regímenes de reiterancia, que implicaría que una persona que se encuentra procesada por diversas causas penales pase el tiempo de la investigación en contexto de encierro antes de ser juzgada, y la unificación de condenas. También se establecen figuras que amplían la prisión preventiva: presunción de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. Ambos proyectos iban a ser tratados en noviembre, pero la sesión -que incluía el tratamiento de Ficha Limpia- se cayó por falta de quórum.
Precisamente, el Gobierno concretó su promesa de presentar un proyecto propio de Ficha Limpia. Aunque aún no se precisaron las modificaciones que le hicieron a la redacción con respecto a la iniciativa del PRO debatida en el 2024, se pudo conocer que contó con el asesoramiento del abogado Alejandro Fargosi, exconsejero de la Magistratura. «Operaron, difamaron, desinformaron. Otros simplemente no quisieron escuchar», apuntó el propio Adorni en redes sociales.
Otros de los ítems del temario es la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que establece mayores requisitos para la existencia de los partidos políticos: contar con un mínimo de 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (antes era de 0,4%), tener el piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas y tener presencia en al menos diez distritos (actualmente se piden cinco). Asimismo, busca aumentar los topes de aportes privados, eliminar los espacios de publicidad electoral cedidos por los medios y aplicar un único aporte anual estatal a los partidos políticos proporcional a los resultados electorales.
Dentro de las propuestas de reforma electoral, el Gobierno no desconoce la falta de acuerdos para eliminar las PASO, pero tampoco pierde el optimismo para alcanzar los votos que lo impulsarían a fortalecer su narrativa de austeridad del gasto y de transformación estatal. El PRO ya cedió en su postura reticente y la expectativa oficialista es lograr sumar votos de las tribus aliadas e incluso de desarmar la posición unánime de Unión por la Patria, en donde conviven múltiples posturas y por eso sostienen el rechazo. El interrogante es qué ocurriría con el armado libertario si se derogan las primarias, mucho más si pretenden compartir boletas con partidos tradicionales.
Fuente: Ámbito
