Los empresarios de las estaciones de servicio volverán a reclamar al Gobierno nacional la intermediación para reducir el plazo de acreditación de las ventas con tarjeta de crédito y alertaron por un aumento de la cantidad de bocas de expendio que dejaron de vender bajo esta modalidad. «En tres meses subió de 200 a 800 los que no las aceptan», revelaron a ámbito.com.
Según revelaron fuentes del sector, el viernes pasado el subsecretario de Comercio Interior Ignacio Werner volvió a recibir en su despacho a los principales directivos de Cecha, que una vez más le expresaron su preocupación por el tiempo que se demoran la principal compañías de tarjetas, Prisma (VISA), en acreditar los pagos. La otra es FirstData (MasterCard), que juntas controla el 80% del mercado.
Después de Brasil, la Argentina tiene el plazo más largo de acreditación de pagos con crédito. En Uruguay y Colombia pagan en tres días; en Perú, Paraguay, México, Ecuador y Chile en solo dos, y en Costa Rica y España al día siguiente.
La reunión con Werner se centró en la necesidad de reducir la comisión promedio de 1,3% que le cobran por ventas con tarjetas de crédito y en achicar el plazo de hasta 28 días para recibir el dinero. Bajar la tasa es una misión imposible, pero apurar los tiempos, no. «La nafta que vende hoy el estacionero la cobra en diciembre, con una inflación de 5% o 6% mensual y varios aumentos en los surtidores de por medio. Así, cuando paga el nuevo despacho ya es está desfinanciando», explicó un consultor de la Confederación.
«Si el estacionero no quiere descapitalizarse contra la inflación y los aumentos de combustibles tienen que financiarse en el mercado, se pagan tasas suicidas de hasta 70%», advirtió el asesor. Encima, desde las EESS remarcaron que ante la recesión económica y los bolsillos flacos, los clientes optan por la tarjeta. «Cada vez se paga más con tarjeta, así que el problema lejos de disminuir, crece. Las estaciones no piden privilegios, solo reclaman a VISA argentina las mismas condiciones que VISA tiene en otros países», agregó.
La intermediación entre las tarjetas, los bancos emisores -y dueños de Prisma- y los estacioneros comenzaron en febrero pasado, cuando el Miguel Braun reunió a las partes. Sin embargo, esas gestiones no llegaron a buen puerto y tras la salida del cargo de secretario de Comercio en octubre pasado definitivamente se estancaron. Werner tomó la posta, recibió a Cecha y encaró nuevos diálogos. Al mismo tiempo, la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni) presentó una denuncia administrativa contra Prisma en Defensa de la Competencia.
El actual subsecretario reveló que mantuvo contactos con las petroleras para que también se involucren en esta problemática. Una opción que se analiza es que todas las proveedoras de hidrocarburos repliquen el convenio de YPF con las tarjetas, que por un acuerdo especial acreditan en 48 horas. A diferencia de los revendedores de combustibles que venden por cuenta propia, las estaciones de YPF facturan a nombre de la petrolera, por tratarse de un producto en consignación.
Este miércoles el funcionario volverá recibirlos. Los dueños de los surtidores se ilusionan con escuchar una noticia inesperada. Por lo pronto, diga lo que diga, Werner fue invitado a replicar sus dichos ante la reunión mensual del consejo directivo de Cecha del jueves siguiente, en la sede de la entidad en Capital.
Triple frente
El sector de las EESS está en jaque. La mayoría son pymes familiares que intentan salvar el negocio. Se estima que más de 2.000 estaciones cerraron sus puertas en los últimos 15 años en todo el país. Unas 4.000 quedan en pie. El plazo de acreditación y la fuerte caída en las ventas no son las dos únicas impaciencias. Se calcula que la comercialización de combustibles en la Argentina tiene una presión impositiva del 45%. A este factor, se le suma que las estaciones trabajan con una rentabilidad fijada por las petroleras, que definen los precios, y dejan un margen de entre 8% y 10%, en el mejor de los casos. Además, deben abonar 1% por cobrar en efectivo y realizar los depósitos bancarios, soportar dos aumentos de surtidores por mes, la devaluación, los aumentos salariales por paritarias de hasta 40%, el bono de fin de año de $ 5.000 y las retenciones nacionales de IVA y Ganancias, que si bien se puede descontar, deben esperar entre 220 y 270 días para hacerlo.
En este marco, en Cecha creen que una solución al conflicto con las tarjetas generará alivio. Mientras tanto, en paralelo a la presentación administrativa por «abuso de posición dominante», Faeni ya prepara una denuncia judicial contra Prisma para dejar en la Justicia nacional. «Es un juicio comercial por cláusulas y prácticas abusivas, penadas en contempladas en la unificación del Código Civil y Comercial», detalló Miguel Eduardo Rubin, abogado de Faeni y redactor del escrito.
Por un lado, se denunciará que el contrato es abusivo desde que la firma misma y que además conlleva a prácticas abusivas, lo que implica ejercer un derecho de modo abusivo. «El Código permite que esas prácticas sean neutralizadas y que un juez imponga condiciones equitativas», indicó el letrado a este medio.
Según Rubin, este es un problema universal. «La Comunidad Europea sacó una disposición para regular este tema hace dos años, que cumplimiento obligatorio para todos los países europeos y en los Estados Unidos hubo un caso monumental que duró 12 años por comisiones abusivas, y tanto Visa como Master Card para para el juicio aceptaron un arreglo por u$s 6.200 millones, Lo que ocurre acá también se desparrama por América latina», enfatizó el experto legal.
El tercero de los caminos que explorarán los estacioneros será el parlamentario. Faeni tiene elaborado un proyecto de ley para modificar la normativa que regula a las tarjetas. Buscan fijar el plazo máximo de acreditación y poner un tope a las comisiones. Hoy, el plazo lo definen las emisoras y la tasa más alta llega al 3%. «Ya tenemos el apoyo de diputados nacionales del PRO, el radicalismo y hasta el peronismo. Queremos que se pongan valores racionales», aseguran.
