El Gobierno no solo le ordenó que las empresas desaceleren los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga, sino también que devuelvan una parte de lo que cobraron desde diciembre último, cuando el propio Poder Ejecutivo desreguló los precios del sector.
Desde la Superintendencia de Servicios de la Salud indicaron a Infobae que “tal como confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la Superintendencia avanza en la justicia con una medida cautelar por abuso de precios de algunas empresas de medicina prepaga, producto de una posición dominante en el mercado”.
La denuncia se presentó en el Juzgado 9 cámara federal civil y comercial, a cargo de Mercedes Maquieira.
“La medida cautelar abarca inicialmente a un universo de 18 prepagas que contemplan casi el 90% de los beneficiarios cubiertos por este régimen”, precisaron. Desde el organismo aclararon a Infobae que podrían sumarse más empresas en el futuro cercano.
“La medida cautelar se presenta para que las empresas retrotraigan sus valores al 01/12/2023; esto es, la cuota para el afiliado sería la de diciembre + el IPC de los primeros cuatro meses del año”, indicaron.
Además, afirmaron, “se pide que ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses”.
“No se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia”, explicaron.
“El Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente”, afirmaron.
“Esta es una acción independiente pero complementaria a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”, aclararon.
En enero, el Gobierno nombró al licenciado Gabriel Gonzalo Oriolo como jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud, con rango y jerarquía de Secretario. Oriolo es un abogado especializado en derecho de la salud, según destacó el Boletín Oficial.
Hasta noviembre de 2023 trabajó en el Grupo OSDE, donde se desempeñó en diferentess cargos durante casi 30 años.
Además, realizó varios cursos de posgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano, Escuela Argentina de Negocios, Esade, IAE Business School, UCA y Universidad de San Andrés.
En OSDE fue analista de procesos y jefe de atención al público en la ex AFJP Arauca Bit y en Binaria Seguros, jefe de Mejora de Procesos, gerente de Operaciones de Interturis, subgerente de la Gerencia Médica de Prestaciones, gerente de Arquitectura y Obras, y, desde julio de 2018 hasta asumir como funcionario, director de Procesos y Sistemas.
El comunicado de la Superintendencia
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y complementando la medida del Ministerio de Economía, “se presentó ante la justicia una acción de amparo que contiene una medida cautelar por abuso de precios, con el objetivo de retrotraer los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga que estuvieron por encima de la inflación”.
“Al iniciar la gestión, el Gobierno se encontró con un sistema de salud en decadencia y prácticamente quebrado. Esto es producto de años de falta de inversión, de congelamientos en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y por ineficiencias de fiscalización y control”.
“Con este diagnóstico, a través del DNU 70/2023 y sus decretos reglamentarios, la Superintendencia de Servicios de Salud -organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación- desreguló el sistema de salud con el objetivo que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas y con el fin de impulsar la libre competencia entre los distintos actores”.
“Como encargado de fiscalizar a las empresas de medicina prepaga y de garantizar que haya competencia entre los integrantes del mercado, el organismo supervisó y analizó las conductas de las principales empresas durante los primeros cuatro meses del año y observó abusos en el aumento de los valores de las cuotas”.
Por esta razón, “la Superintendencia de Servicios de Salud presentó hoy en la justicia una acción de amparo que contiene una medida cautelar para retrotraer estos aumentos que, según lo que estudió, fueron abusivos producto de una posición dominante en el mercado. Asimismo, en una acción complementaria, la Secretaría de Comercio, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avanzó con una medida tutelar contra empresas del sector por cartelización”.
“El Gobierno no permitirá y castigará fuertemente la cartelización y el abuso de precios ya que considera que una cosa es la libre competencia y otra, muy distinta, es ponerse de acuerdo para aumentar los precios casi el doble del índice de inflación”.
“Las empresas del sector tenían con el gobierno anterior un acuerdo de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados. Ahora, buscaron compensarlo atentando contra todos los argentinos y hasta destruyendo el propio sistema de salud del cual son parte”.
“Para el Gobierno es fundamental tener un sistema de salud más solidario, equitativo y competitivo impulsando la libre competencia entre los distintos actores y la libertad de elección de los beneficiarios. El camino es ese, no que los argentinos paguen por el arreglo entre los empresarios y el gobierno anterior”, concluyó.
Fuente: Infobae
