El Gobierno aprobó el modelo de contrato que permitirá avanzar con el otorgamiento de un crédito de U$S 1.140 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de integrar proyectos de generación de energía renovable, que en la actualidad tienen problemas para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad.
Como parte de la línea de crédito, el Decreto 852/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial también aprueba el modelo de contrato de una primera operación de U$S 200 millones del BID, que contará con aportes adicionales de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El préstamo, aprobado por el BID el 27 de julio pasado, se trata de una línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) a 15 años: es decir, los U$S 1.140 millones serán desembolsados a través de contratos de préstamos individuales a medida que el país vaya solicitando cada uno de los financiamientos, y que el desempeño de las operaciones previas y el avance en las acciones previstas haya sido evaluado de forma satisfactoria, según se indica en el modelo de contrato.
En concreto, el crédito permitirá financiar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional III, impulsado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, mediante el cual realizarán obras en áreas postergadas del país, con un carácter federal previéndose una obra por provincia.
Estas obras son de particular relevancia para «integrar proyectos de generación renovable que tiene dificultades para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad», y para ello se construirán, en la mayoría de los casos, líneas de transmisión de 132 kilovatios y sus respectivas estaciones transformadoras.
Del mismo modo, se realizarán «acciones de digitalización de los sistemas de gestión, control y supervisión de la red, incluyendo medidas de ciberseguridad», señala el modelo de contrato.
En suma, las obras al ampliar y modernizar la capacidad de los sistemas de transporte de energía permitirán sumar una mayor inyección de proyectos renovables a la red, contribuyendo a la descarbonización de todo el sistema eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de la generación eléctrica a base de diesel.
Esas inversiones, señaló el BID, «permitirán la mejora de la calidad y la confiablidad del servicio para la atención de nueva demanda derivada del crecimiento tendencial y de una mayor electrificación del consumo energético, habilitando un mayor desarrollo productivo en las provincias».
Como parte del diseño de cada una de las intervenciones se considerarán medidas para aumentar la resiliencia y mejorar la adaptación al impacto climático, además de destinarse fondos para reforestación de árboles y especies nativas, en áreas a ser acordadas con las autoridades provinciales.
La operación además apoyará el desarrollo de una política de género y diversidad para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, junto con un plan de acción con medidas específicas para las obras de transmisión con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las mujeres en el sector, que en la actualidad es menor al 20%, y mitigar la violencia basada en género durante todas las etapas del proyecto.
Este componente institucional incluye el desarrollo de un Plan de Género y Diversidad, y la capacitación a contratistas sobre la inclusión de personas con discapacidad en el sector de energía.
Bajo el CCLIP, también se aprobó el modelo de contrato de la primera operación, por un monto de U$S 200 millones, precisa el modelo de contrato.
Este préstamo, que cuenta con un plazo para desembolsos de cinco años, tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR (tasa de referencia a un día de la Reserva Federal de Estados Unidos).
Adicionalmente, a los U$S 200.000 millones del BID se le sumarán un aporte de U$S 112.000 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones, y un crédito del mismo monto con la Agencia Francesa de Desarrollo.
Fuente: Télam
