El diputado Felipe Solá rechazó el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un préstamo y comparó la situación que atraviesa el país con lo que ocurrió durante la gestión de Fernando de la Rúa.
«El Gobierno insiste en la aplicación de las políticas que nos llevaron a recurrir al prestamista de última instancia como es el Fondo Monetario Internacional. Las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa. El final es previsible: volver a transitar una crisis extrema», sostuvo el diputado.
A través de un comunicado, Solá difundió diez argumentos para repudiar el acuerdo con el organismo internacional.
«El acuerdo y sus condiciones implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la de 2001. Es imperioso construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro», remarcó.
En las últimas horas trascendieron algunos de los requisitos que impuso el FMI para otorgar un crédito stand-by de u$s50.000 millones al Gobierno.
Un freno a la rebaja de las retenciones a la soja y la demora de la aplicación de parte de la reforma tributaria aprobada el año pasado fueron dos de varias medidas en un amplio menú de opciones que el Gobierno debatió entre mayo y junio con el organismo como camino para lograr una convergencia acelerada hacia el equilibrio fiscal.
Sin embargo, desde el Gobierno se apuraron a aclarar que no se frenará la rebaja de retenciones, tal como prometió Mauricio Macri al campo, uno de los ejes de su campaña presidencial.
Entre los diez argumentos expuestos, Solá aseguró que el acuerdo con el FMI implica «vender el mayor patrimonio del Estado, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad», pero también «privatizar de manera encubierta las jubilaciones y pensiones para volver a un sistema de AFJP para ricos».
El diputado, además, hizo referencia a las posibles consecuencias para los empleados públicos «por la presión para respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual, que incentiva la pérdida de investigadores, maestros», entre otros empleados del Estado.
Fuente: Iprofesional
