Alrededor de 1,5 millón de personas en todo el país accedieron al agua potable y cloacas a través del plan nacional que el Gobierno puso en marcha hace tres años, cuyo marco contempla también duplicar el tratamiento de los efluentes en el próximo cuatrienio, puntualizó el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
Frigerio destacó que al momento de asumir el presidente Mauricio Macri, “20 millones de argentinos no tenían acceso a las cloacas, 7 millones no tenían acceso al agua potable y el 80 por ciento de los efluentes cloacales se vertían sin ningún tipo de tratamiento a los ríos y en el mar argentino”.
Las obras de infraestructura que mejoraron el acceso al agua potable y cloacas, y que representan además el cuidado del medio ambiente, se enmarcan en el Plan Nacional de Agua, que el Jefe de Estado lanzó en abril 2016.
También posee un capítulo dedicado a la protección de las poblaciones más vulnerables frente al peligro de las inundaciones.
Al hablar en la 59º Asamblea Ordinaria de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), celebrada en Jujuy, Frigerio remarcó se está llevando adelante “un plan de infraestructura muy ambicioso, quizá el más ambicioso que se recuerde”.
“Estamos cerca de duplicar en una gestión de gobierno la misma cantidad de autopistas y autovías que se construyeron en la Argentina en los últimos 65 años, estamos haciendo puertos, renovando aeropuertos para integrarnos”, señaló.
Además, el ministro ponderó las medidas tomadas para mejorar la transparencia en los procesos de licitación de las obras.
“Este año ya recuperamos cerca de 100 millones de dólares en obras pagadas que no estaban concretadas y por supuesto denunciamos todas las irregularidades a la Justicia”, detalló.
“Tenemos un régimen de redeterminación de precios, mecanismos de autoregulación para casos de conflicto de intereses que antes no existían y un sistema para efectuar de manera electrónica todos los procedimientos de contratación”, indicó.
Frigerio también puso de relieve la implementación del registro de empresas constructoras, la sanción de una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas aplicada a los delitos de corrupción y la adhesión del Estado nacional a todos los estándares internacionales en materia de transparencia.
