Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas, se pronunció acerca de las declaraciones del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, acerca de la inversión que hace el Estado argentino para mantener a la Iglesia católica.
“La asignación a los obispos, solamente a los sacerdotes de frontera y a los seminaristas, se da en forma de subsidios otorgados por un reconocimiento a la historia y al aporte que hace la Iglesia a la cultura, por su presencia en nuestra Patria.
Estas asignaciones estuvieron desde el inicio reconocidas en todas las Constituciones, incluida la que nos rige actualmente en el país. Siempre la Iglesia se sostuvo, para su misión, por el aporte del pueblo y del Estado. A veces el Estado valoró su tarea, reconociéndola. Pero también es real que otras tantas las ignoró de manera deliberativa e incluso también muchas veces persiguió a la Iglesia en su tarea evangelizadora.
Como Iglesia, contenedora y compañera del pueblo argentino, estamos dispuestos a asumir lo que pase en el presente. Igual seguiremos en la tarea evangelizadora y en la búsqueda del bien común con el favor o el odio de quien nos conducen.
El Espíritu Santo nos seguirá acompañando”.
El Estado abonará a obispos y arzobispos el 80% de la remuneración de un juez de primera instancia, según informó Peña a los diputados, el pago de sueldos eclesiásticos ascenderá a $ 130.421.300. En 2017 estaban asignados $ 7 millones menos.
De esta forma, los obispos diocesanos percibirán $ 46.800 mensuales, lo mismo que los administradores apostólicos; mientras que los auxiliares y eméritos, $ 40.950. Son alrededor de 130 los beneficiarios y hasta junio de 2016 (luego aumentado en sintonía con las paritarias estatales) el sueldo mínimo para obispos era de $ 32.526. Pero no sólo es eso lo que hay que pagar: existen otras dos normas (leyes 22.162 y 22.950) que obligan al Gobierno a subsidiar a sacerdotes que estén en zonas desfavorecidas y a seminaristas, detalló el jefe de Gabinete.
