La justicia electoral se dispone a decidir si hubo finaciamiento ilegal de campaña; hay preocupación en los mercados por el impacto de la eventual caída del segundo presidente en un año.
Brasil se aproxima a una nueva zona de severas turbulencias. Pasado el relajo del Carnaval, la justicia electoral avanzó en los últimos días a toda velocidad para juzgar cuanto antes una demanda que podría acabar con la anulación del mandato del presidente Michel Temer y sumir al país en otro período de inestabilidad e incertidumbre como el que atravesó el año pasado durante el proceso de impeachment a Dilma Rousseff.
Desde hace un año y medio, el Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene en análisis la causa por presunto abuso de poder político y económico en la campaña de la fórmula Rousseff-Temer en los comicios de 2014, que llevó a la reelección de la dupla de los entonces aliados del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Con la aprobación, a fines del año pasado, del acuerdo de delación premiada que firmaron con la Justicia 77 ex ejecutivos de la compañía Odebrecht condenados por sobornos en el esquema de corrupción de Petrobras, los arrepentidos empezaron también a brindar pruebas de las donaciones no declaradas que hicieron a campañas políticas, y por ende del supuesto financiamiento ilegal de la fórmula Rousseff-Temer.
El juez del TSE a cargo del caso, Herman Benjamin, pasó las últimas semanas tomando declaraciones a los ex ejecutivos de Odebrecht -entre ellos el ex presidente de la corporación Marcelo Odebrecht-, varios de los cuales revelaron que la empresa aportó unos tres millones de dólares al PMDB en la campaña de 2014 por expreso pedido de Temer, además de otros montos al PT. Según los arrepentidos, ese dinero nunca fue declarado a la justicia electoral (práctica apodada «Caja 2»), aunque Temer y el PMDB aseguran que sí.
Benjamin ya ha adelantado que pretende juzgar el caso entre marzo y abril; él elaborará un informe y luego los siete magistrados del TSE tendrán que decidir si hubo o no financiamiento ilegal de la campaña. Como Dilma quedó fuera del escenario tras su destitución por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas, quien tiene todo para perder ahora es Temer.
