Para dar un nuevo envión a las energías renovables, el Gobierno está trabajando en dos frentes. Por un lado, el Ministerio de Energía está reglamentando los PPAs (power purchase agreements) que permitirán a grandes usuarios (generalmente empresas), comercializar entre ellos la energía limpia que generan. Por otra parte, se debate en el Congreso una Ley nacional de energía distribuida que habilitará a las pymes y usuarios finales a volcar a la red la energía renovable autogenerada que no utilizan.
«Esto generará nuevos negocios con empleo local, baja de costos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un ahorro de divisas al reemplazar energía fósil que hoy se importa, por energía limpia que se produce localmente cerca de su consumo», ilustró Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader). Para el directivo, «La ley de distribuidas generará la oportunidad para los parques industriales, muchos de ellos construidos como negocio inmobiliario pero sin pensar en el abastecimiento energético, de instalar centrales de autoabastecimiento con energía limpia y a bajo costo».
En tanto, «hay más de 8000 grandes usuarios, obligados por la Ley de Energías Renovables (27.191) a alcanzar un 20% de su consumo eléctrico en base a renovables de aquí a 2025», destacó por su parte Juan Bosch, presidente del «trader» energético Saesa. «La mayoría de ellas están pensando en un mix de producir su propia energía y salir a comprar a un comercializador privado, que le ofrecerá un precio más competitivo o un contrato más adaptado a su necesidad puntual que la estatal Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)». Para esto, se espera que en las próximas semanas esté lista la reglamentación de los PPAs.
En tanto, la Ley de Energías Distribuidas avanza en la Cámara de diputados «con un amplio consenso», según destacó el diputado oficialista Juan Carlos Villalonga, ex Greenpeace y uno de los autores del proyecto. Si bien hay provincias (Santa Fe, Salta y Mendoza, entre otras) que ya permiten a medianos usuarios y consumidores finales volcar energía limpia autogenerada a la red, «el esquema no se masificó por falta de incentivos», señaló el legislador.
«Una Ley Nacional permitirá establecer un régimen unificado de exigencias técnicas, y además se creará un fondo específico para las distribuías (Fodis, que se suma al Fondo para las energías renovables, Foder), el cual surgirá de un aporte del 3% del consumo tarifario que haremos todos los consumidores, exceptuando a quienes tienen tarifa social», explicó. Con estos fondos nacionales, las provincias podrán delinear incentivos para que las pymes y usuarios finales inviertan en energías renovables y vuelquen lo que les sobra a la red.
«La ley de distribuidas tendrá un impacto inmediato en el empleo -apuntó Villalonga-, ya que por cada Mw instalado a nivel de hogares, pequeñas industrias o comercios, se generan 20 a 30 puestos de trabajo para la instalación y mantenimiento», destacó.
Esta mayor demanda de técnicos e instaladores «ya se está notando, y muchas empresas de mantenimiento eléctrico se están reconvirtiendo hacia las renovables», afirmó Pablo Greco, director de Hisuma Solar, especializada en la instalación de paneles fotovoltaicos.
Fuente: El Cronista
