Un día después de las elecciones, el gobierno nacional aprobó en reunión de Gabinete de Ministros modificaciones presupuestarias para el resto del año, como consecuencia de los efectos de la aceleración de la inflación a un rango de 53%, frente a 39%, derivada de la nueva devaluación, porque afectaron las partidas salariales y de jubilaciones, atadas a la movilidad jubilatoria, y la carga del servicio de intereses y comisiones de la deuda pública.
El Gobierno requiere recurrir cada vez más a mecanismos de financiamiento dentro del propio Estado para afrontar las necesidades del Tesoro Nacional. A través de un Decreto (740/2019) publicado este martes en el Boletín Oficial, se dispuso que distintos organismo del Estado deberán constituir una “aplicación financiera gratuita” a favor del Tesoro Nacional por $86.000 millones en total. Entre ellos están el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística.
De esta forma, el Poder Ejecutivo busca fondos para hacer frente a las necesidades financieras del Tesoro Nacional. Para activar este mecanismo —que se realizará a través de pagarés a esos organismos— se basó en la Ley Nº 11.672, que permite al Poder Ejecutivo a disponer “aplicaciones financieras” a título gratuito por parte de jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional a favor del Tesoro para “atender el financiamiento de sus gastos”. Esas inversiones pueden constituirse por un plazo de hasta 90 días.
La justificación para realizar estos pagarés es la necesidad del Estado nacional de incrementar su presupuesto para pagar gastos salariales y de funcionamiento de varios organismos. Por ejemplo, incorporar el impacto de las normas y medidas dictadas durante este año que autorizaron incrementos salariales del personal militar de las Fuerzas Armadas, personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Servicio Penintenciario Federal. Estas medidas recomponen también los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de esas fuerzas armadas y de seguridad. Suman poco más de $106 mil millones.
“Dado el nuevo contexto y su impacto en el régimen de movilidad, corresponde incrementar el presupuesto de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con el objeto de hacer frente al pago de prestaciones previsionales y asignaciones familiares”, se expresó en el texto del decreto.
Fuente: Infobae
