En marzo podrá ser aprobada esta ley que permite la compra de tierras productivas a empresas y fondos de inversión extranjeros, una medida resistida por las Fuerzas Armadas y rechazada por la oposición y grupos ambientalistas.
El gobierno de Brasil impulsa la aprobación, el mes próximo, de una ley que permita la compra de hasta 100.000 hectáreas de tierras productivas para la industria celulosa, la agricultura y la ganadería es equivalente a cinco veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
«Vamos a liberar la venta de tierras a extranjeros para que tengan seguridad jurídica para invertir en el campo brasileño», dijo en una entrevista con Télam el autor del proyecto, el diputado Newton Cardoso, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer.
Cardoso no está sólo en su proyecto, sino que forma parte de una de las estrategias del gobierno para mostrar que Brasil volvió a ser atractivo para la inversión extranjera, aunque esta vez con una medida que había sido históricamente frenada por la Abogacía General durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2010, y luego por el de Dilma Rousseff.
«Vamos a alentar este proyecto porque necesitamos inversiones», dijo el ministro de Economía, Henrique Meirelles, aunque su par de Agricultura, el ex «rey de la soja» brasileño Blairo Maggi, considera que cultivos como el maíz y la soja deben quedar afuera del proyecto, ya que los inversores podrían cambiar de rubro en caso de oscilaciones de precios.
Incluso, sectores ambientalistas como Greenpeace y los más nacionalistas de las Fuerzas Armadas se oponen, unos por la deforestación y la comercialización del uso del suelo, y otros porque el terreno productivo, para los militares, es considerado un asunto de soberanía nacional.
Según anticipó Cardoso, también los inversores extranjeros, además de poder tener acceso a 100.000 hectáreas, podrán arrendar otras 100.000 a pequeños productores de las regiones.
«No admitiremos especulación, pero no es necesario el control del Estado; primero porque quien compre la tierra no lo hará para dejarla parada, sobre todo porque la Constitución tiene una regla que define al uso del suelo como un bien y social y si no es productiva va para la reforma agraria; tenemos logística para garantizar la inversión extranjera», dijo el legislador.
El proyecto de ley fue la solución que el gobierno de Temer encontró para «pacificar» la cuestión, ya que el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, quería que entrara en vigor por decreto.
La Abogacía General de la Unión había emitido en 2011 un dictamen contrario a la compra de tierras por parte de extranjeros, sobre todo porque en esa época China y fondos de inversión estadounidenses pretendían hacerse de superficies brasileñas para dominar todo el ciclo de producción de granos y oleaginosas, sobre todo el de la soja.
Según Newton, apenas la industria celulosa está en condiciones de aumentar en unos 15.000 millones de dólares las inversiones en el sector.
«La ventaja de Brasil es que muchas tierras son productivas, con buena logística para exportar, y existe el ciclo de dominio de toda la tecnología agrícola», comentó.
El diputado advirtió que regiones protegidas por ley, como la selva amazónica, «tendrán un tratamiento especial», aunque no lo detalló.
Brasil es el segundo productor mundial de soja y de maíz, después de Estados Unidos, y es el líder global en producción de carne procesada: todos estos atributos hicieron que China en 2009 pasara a los norteamericanos y se convierta en el principal socio comercial del gigante vecino.
Ante una consulta de Télam, el presidente del bloque de diputados del opositor Partido de los Trabajadores (PT), Carlos Zarattini, respondió: «Están haciendo lo mismo, entregando patrimonio nacional, en la industria petrolera. Brasil así perderá autonomía en la producción de alimentos, en la energía, ya que la producción agrícola es fuente de energía de biocombustibles.»
La caña de azúcar es la base del etanol y todos los automóviles fabricados en Brasil, desde 2009, son propulsados a biocombustible.
«Vamos a estar en manos de las empresas multinacionales extranjeras, abriendo el territorio brasileño para ellos», dijo Zarattini, cuya bloque presentó una propuesta alternativa de limitar la tierra en venta para extranjeros y obligarlos a ser socios minoritarios de brasileños (49%) para poder operar en el país y con menos actuación, sobre todo en el arrendamiento a pequeños agricultores.
La revista Carta Capital recordó que el año pasado, durante una audiencia pública, las Fuerzas Armadas se opusieron al proyecto, con un pronunciamiento del capitán de la Marina Paulo Cézar García Brandao, asesor jurídico del Ministerio de Defensa, al argumentar que se «disminuía la capacidad de controlar el territorio nacional».
Fuente: Télam