Empujado por el aumento en la tasa de detenciones, las cárceles argentinas están al límite de su capacidad: en los últimos 15 años se duplicó la cantidad de presos en el país. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el problema principal se concentra en las unidades del área metropolitana, que alojan mayormente a detenidos por orden de la Justicia nacional con asiento en la Capital. El caso de la provincia de Buenos Aires, en cambio, es crítico: tiene aproximadamente 10.000 reclusos más que el cupo máximo en sus establecimientos carcelarios. Y sus autoridades saben que, cada año, deben encontrar lugar para unos 4000 nuevos presos. Por eso, tanto a nivel nacional como provincial se evalúan distintas medidas alternativas a la detención.
Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación, actualmente hay 11.940 detenidos bajo la órbita del SPF, que tiene unas 12.500 plazas. Si bien no hay sobrepoblación, en algunos casos la cantidad de ingresos permanentes dificulta la distribución de los internos. Los tres grandes complejos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Devoto, Marcos Paz y Ezeiza) son los que más demanda tienen y en ellos hay más detenidos que plazas. Esto genera una sobrepoblación del 4%, señalaron aquellas fuentes a LA NACION.
Las puertas de entrada al sistema penitenciario también se ven desbordadas. La situación en la Unidad 28 (la Alcaidía de los Tribunales de la calle Talcahuano al 500), que tuvo denuncias por condiciones indignas de alojamiento, se agravó con la aplicación de la ley de flagrancia. Hoy, todas las comisarías porteñas alimentan esa alcaidía.
«Todos los detenidos entran por allí y, a veces, por los tiempos judiciales, deben pasar el fin de semana en el lugar. Hay 70 personas todos los días, pero la Alcaidía sólo tiene espacio para unas 30, ya que fue pensada como lugar de paso y no de alojamiento a largo plazo», explicaron los voceros consultados.
Una de las medidas que implementó el Gobierno nacional para descomprimir los penales es evaluar perfiles de internos cuyo tratamiento «es más propicio por fuera del contexto de encierro». Es decir, personas que podrían cumplir su pena en prisión domiciliaria o acceder a salidas anticipadas para trabajar o estudiar.
Cuando trascendió la existencia de una lista con este tipo de perfiles se generó una fuerte polémica en los medios. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron: «El Poder Ejecutivo no se está facultado para otorgar arrestos domiciliarios o libertades anticipadas. Las personas detenidas se encuentran a disposición del Poder Judicial, que es el que debe tomar las decisiones pertinentes». En ese sentido, señalaron que lo que elabora el SPF es un informe no vinculante que se remite a los juzgados y que la decisión final la tienen los jueces.
«Desde enero de 2017, y por la situación crítica que atraviesan las cárceles federales en cuanto a disponibilidad de plazas genuinas, el SPF informa regularmente a los jueces del fuero penal, a la Defensoría General de la Nación, al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias y a la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros, el listado de internos que podrían acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación», aclararon las fuentes.
Unos 1400 detenidos en cárceles federales integran esa lista de personas que cumplen con los criterios de prioridad que establece la ley para estar en condiciones de acceder a la detención domiciliaria o a una salida anticipada. Esa lista está conformada por 22 mujeres embarazadas, 443 mujeres con hijos pequeños, 92 presos enfermos terminales o con tratamientos crónicos o alguna discapacidad, 99 mayores de 70 años y 85 internos pertenecientes al colectivo LGTBI. Además, hay unos 695 detenidos que también cumplen los criterios establecidos por ser considerados de baja peligrosidad o porque se encuentran transitando el último tercio de su condena.
Cuando un juez da su aprobación, un interno con este perfil puede pasar al Programa de Vigilancia Electrónica, que en 2015 sólo tenía a 25 penados en estas condiciones, y hoy tiene unos 2100.
Además del monitoreo se lleva a cabo un acompañamiento psicosocial permanente del beneficiado, con participación de un equipo interdisciplinario. Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto deriva en una «tasa de reingreso cero».
Por otra parte, para paliar la situación de la Unidad 28 (la Alcaidía de Tribunales), se están llevando adelante obras para acondicionar tres nuevos centros de ingreso, entre ellos, un ex instituto de menores y un espacio en los Tribunales de Avenida de los Inmigrantes (en el barrio porteño de Retiro) que estaba en desuso. En estos centros se realizará, como hoy se hace en la U28, el primer análisis de «matriz de riesgo y necesidad», examen que se lleva a cabo para definir a qué penal deberá ser trasladado el interno si el juez define que debe quedar detenido.
Fuente: diario La Nación
