Tras dos semanas de negociaciones y al filo del plazo que se autoimpuso el Gobierno para el envío de la iniciativa al Congreso, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la conducción de la CGT lograron alcanzar ayer un entendimiento político sobre el contenido central del proyecto de reforma laboral, medida con la que la administración de Mauricio Macri pretende fortalecer la creación de empleo y mejorar los niveles de competitividad. El acuerdo, que abre el camino para que el Ejecutivo remita mañana el proyecto al Senado, fue sellado en el marco de un encuentro reservado que Triaca mantuvo con el triunvirato cegetista y otros referentes de la primera línea de la entidad realizado en medio de las deliberaciones de la IV Conferencia Mundial contra la Erradicación del Trabajo Infantil que se desarrolla hasta hoy en la Rural.
Allí el ministro y los sindicalistas consensuaron de palabra los últimos dos aspectos sobre los que todavía mantenían diferencias (tercerización y creación de dos nuevas categorías o figuras laborales), aunque el texto final del proyecto que irá al Congreso recién terminará de pulirse hoy entre funcionarios de la cartera laboral y los equipos técnicos cegetistas. «Se alcanzó el nivel de consenso necesario con los representantes de cada uno de los sectores», confirmó escuetamente el Ministerio de Trabajo a través de un comunicado de prensa. «Hay satisfacción porque ganó el diálogo», añadieron informalmente colaboradores de Triaca.
También desde la CGT destacaron la importancia de las negociaciones para arribar a un acuerdo que garantice la plena vigencia de las conquistas de los trabajadores. «Ninguna reforma es positiva per sé. Se buscó sobre todo minimizar los daños», sinceró un referente de la cúpula de la central obrera. Otro gremialista, a su vez, subrayó la resistencia ejercida por la CGT para eliminar del proyecto de reforma algunos artículos que interpretaban como «inaceptables» para los trabajadores, particularmente los que modificaban aspectos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Los esfuerzos de la discusión política de ayer se concentraron en zanjar las diferencias respecto a las tercerizaciones y la conformación de dos nuevas categorías laborales. Sobre el primer punto, se consensuó que se mantendrá la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las tercerizaciones, salvo en los casos de servicios de montaje, traslado de personal y servicios médicos de urgencia. La redacción final de ese punto (artículo 30) recién se conocerá hoy.
Respecto a la creación de la figura de «trabajador independiente» con colaboradores, se acordó que su creación será debatida (durante un plazo de 180 días) en el marco de la mesa de diálogo tripartito permanente que se constituirá a instancias de la reforma (artículo 4), tal como adelantó El Cronista.
En tanto, se establecieron límites (22 horas de trabajo semanales y profesiones específicas) al alcance de la figura de «trabajador autónomo económicamente vinculado» que no estará regido por la LCT.
El resto de las modificaciones laborales que también generaban el rechazo de la central obrera se lograron destrabar en las negociaciones mantenidas entre lunes y martes. En ese caso, se acordó la eliminación de la redacción original del polémico artículo 4 que incorporaba un nuevo concepto de «trabajo» alterando la filosofía titular del derecho laboral vigente y estableciendo un relación de igualdad entre empleador y trabajador. Se suplantó ese texto con la decisión de conformar la mesa de diálogo tripartita (una especie de Consejo Económico y Social) que funcionará en forma permanente para evaluar y determinar medidas o cambios del actual marco laboral.
En materia de indemnizaciones, se resolvió que se mantendrán las horas extra y comisiones promedio para el cálculo de los resarcimientos, pero se excluirán el aguinaldo, los premios, bonificaciones y las compensaciones de gastos salvo en aquellas actividades que específicamente lo precisen en sus convenios.
Sobre la creación del denominado fondo de cese laboral, un esquema similar a la «libreta de desempleo» que rige en la industria de la construcción, se fijó que solo podrá instrumentarse a partir de los convenios colectivos y que el fondo se nutrirá exclusivamente de aportes de los empleadores.
Además, se mantendrá la vigencia de 2 años para los créditos laborales que, a la par, se ajustarán por UVA, en tanto que se estableció que «irrenunciabilidad» de derechos no podrá alcanzar ningún aspecto del convenio ni de la LCT y que en el resto de los casos los trabajadores deberán ser patrocinados por abogados del sindical en las presentaciones ante la autoridad administrativa. La creación del llamado «banco de horas» solo podrá efectuarse mediante el convenio de actividad, al tiempo que la cláusula de «ius variandi» se consensuó que ante un cambio unilateral de las condiciones laborales, el trabajador podrá considerarse despedido o iniciar juicio ordinario, aunque ello no implicará su reposición inmediata en el puesto de trabajo.
Otro de los aspectos del proyecto reformulados en las últimas horas redujo de 18 meses a 12 meses el plazo máximo de extensión de las llamadas «prácticas formativas» o pasantías. Y, sobre el blanqueo laboral, se acordó que a los trabajadores que sean regularizados se les reconocerá hasta 5 años de aportes a la seguridad, en tanto que el resto de las condiciones laborales estarán vigentes desde la fecha de antigüedad reconocida al momento de la registración.
Fuente: Cronista
