El Fondo Monetario Internacional dio a conocer el documento elaborado por los técnicos del organismo para la aprobación, el mes pasado, del acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares. El trabajo estima un crecimiento de sólo 0,4% para el año en curso, aunque espera una recuperación el próximo, con un aumento de 1,5%. El reporte enfatiza la cuestión fiscal y señala la necesidad de realizar recortes en el gasto público y mantener impuestos para cumplir con las metas fiscales.
El Fondo sostiene que los objetivos en materia fiscal se basarán en medidas ya adoptadas por el Gobierno argentino y en nuevos ajustes que contemplaría el presupuesto 2019. En particular se especifica:
• La postergación de la implementación de partes de la reciente reforma impositiva a 2020 (como por ejemplo las contribuciones sociales de los empleadores). En este punto, el Gobierno encontrará apoyo de la oposición ya que sectores del peronismo estaban analizando suspender la rebaja de la baja de las ganancias de las empresas previstas en la Reforma Impositiva.
• Mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%. Es decir, suspender por un tiempo el cronograma de descuentos. El presidente Macri cuando se reunió con la Mesa de Enlace les ratificó que seguiría con el esquema de baja de retenciones sin embargo, algunos sectores del Gobierno hubieran visto con buenos ojos que el campo hubiera ofrecido una demora en la aplicación. Ahora al ser parte del acuerdo es probable que recrudezcan las presiones para suspender este beneficio.
• Mayor reducción de subsidios ineficientes en energía y transporte. Este punto es crítico para el Gobierno porque sabe que generará mucha resistencia en vastos sectores de la sociedad, asimismo preocupa el traspaso a precios que genera dado que si no se comienza a bajar la inflación se demora la baja de tasa de interés y por ende retrasando la recuperación económica.
• Limitar el crecimiento nominal de los salarios del sector público (incluidos los beneficios no salariales y otros pagos) a un promedio de 8% durante junio de 2018-junio de 2019. Un acuerdo con los sindicatos a este efecto ya han sido firmado dice textual en la página 11 del informe del Staff del FMI.
• Racionalización de los gastos en otros bienes y servicios, con un recorte de 15% en 2018 que continúe en 2019.
• Reducción del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal.
• Recortar las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, en combinación con los esfuerzos de fortalecer su posición financiera.
• Reducir las transferencias discrecionales a las provincias un 1,2% del PBI para 2019. Y recortar el déficit fiscal a nivel provincial.
• Reducir gasto de capital un 0,6% del PBI con la expectativa de que los proyectos con Asociaciones Público-Privadas protejan los planes de infraestructura pública previstos.
• Venta de tierras y amortización de fondos de pensiones que hoy están retenidos para financiar el pago de reclamos de pensiones.
El informe contiene un cuadro en el que se calcula cuánto aportaría cada uno de los ítems a la reducción del déficit fiscal que en total se estima en 4.2 puntos el año que viene.
Demorar la aplicación de partes de la reforma tributaria implicaría 0,3% (en términos del PBI), el freno a la baja de la soja agregaría 0,1%, la reducción en los subsidios energéticos 0,7%, el recorte a los salarios públicos 0,3% y la venta de tierras y la amortización de los activos de los fondos de pensión 0,6%.
«Creemos que este plan tiene buenas posibilidades de reducir gradualmente la inflación», sostuvo Roberto Cardarelli, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para Argentina, al analizar los detalles del plan económico acordado con el organismo multilateral. Según el directivo, «esperamos que el crecimiento se estabilice en el último trimestre de 2018 y anticipamos que la economía comenzará una recuperación gradual en 2019 y 2020».
Las declaraciones de Cardarelli se conocieron junto con informes del FMI sobre la situación argentina. El documento, de 125 páginas, contiene recomendaciones en el sentido que habría que retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020, como una forma de preservar los ingresos y cumplir con las metas fiscales.
Esta recomendación abarcaría la reducción de las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores y la capacidad de deducir el impuesto a las transacciones financieras del impuesto sobre la renta como asimismo mantener las retenciones a la exportación en productos de soja en 25,5%.
Por otra parte, el informe del staff del organismo advierte que «el programa enfrenta riesgos sustanciales» y particularmente, con relación a la sustentabilidad de la deuda pública, puntualiza que las altas necesidades de financiamiento, con una alta proporción en moneda extranjera plantean «riesgos importantes».
Según Cardarelli, «el plan económico de Argentina apunta a restablecer la confianza de los mercados financieros y disminuir progresivamente las tensiones en la capacidad del país para pagar sus cuentas».
Al respecto, precisó que «el Gobierno se ha comprometido con un programa económico que reduce el endeudamiento, coloca a la deuda pública en una trayectoria descendente firme y fortalece la credibilidad del marco de metas de inflación del Banco Central».
«El plan intenta proteger a los más vulnerables de la sociedad de los efectos negativos inevitables que los recortes en algunos gastos tendrán en la economía» sostuvo el directivo. Y consideró que «en última instancia, el objetivo del programa es allanar el camino para un crecimiento más fuerte, más sostenible y equitativo que pueda beneficiar a todos los argentinos».
Recordó que el objetivo del gobierno es lograr un equilibrio primario, es decir, un equilibrio de ingresos y gastos a nivel federal que no incluya pagos de intereses, para 2020.
En tan sentido señaló que se adoptan medidas que apuntan a reducir los gastos del gobierno federal. Estas medidas incluyen, por ejemplo, nuevos recortes en los subsidios a la energía, una menor factura salarial y una reducción de las transferencias tanto a las provincias como a las empresas estatales.
También hay algunas medidas impositivas, en particular, la suspensión de los recortes de impuestos que se habían anunciado previamente, pero, aclaró, representan solo una pequeña parte del reequilibrio fiscal.
Cardarelli ratificó que «el gobierno está comprometido con un régimen de metas de inflación con tipos de cambio libremente flotantes». También señaló algunos cambios que fortalecerían la credibilidad del marco de política monetaria. En particular, «el Banco Central ha adoptado una nueva ruta de metas de inflación más creíble (por ejemplo, la meta de inflación para finales de 2019 pasó del 10 al 17 por ciento)», afirmo el funcionario.
«Creemos que este plan tiene buenas posibilidades de reducir gradualmente la inflación. Y permitirá que la tasa de cambio se ajuste en función de la confianza de los inversionistas y actúe como un amortiguador, ya que sus fluctuaciones evitarán que las perturbaciones externas afecten en gran medida la actividad económica», dijo Cardarelli.
Fuente: Ambito
