El borrador del Presupuesto Nacional 2018 ya circula por escritorios del sector privado, y el ajuste prometido del déficit fiscal ya está generando cierta desazón.
La tarea de reducir el gasto que le encomendaron al ministro de Economía Nicolás Dujovne está generando chisporroteos con sus pares del gabinete y preocupación en los empresarios porque, a grandes rasgos, los números que se empezaron a conocer marcan que la decisión es congelar los gastos para el año que viene, manteniendo las cifras de inversión de 2017.
«Tuvimos una reunión de urgencia porque ya tenemos los lineamientos del Presupuesto y no hay fondos. Son las mismas cifras que para este año, lo que va a generar un problema», afirmó a El Cronista un hombre fuerte del sector de la construcción.
En el sector privado de la construcción entienden que el Gobierno intentará sortear este ajuste de las erogaciones que al mantener números similares a los de este año sólo por inflación sería del 20% con el financiamiento privado de los contratos de Participación Público Privada (PPP).
«Ellos por el Gobierno buscan que con los PPP se pueda seguir adelante, el problema es de los tiempos. Recién en octubre tenemos el llamado para manifestación de interés para las obras viales, y son las que están más adelantadas. Esto hace que la rueda vaya muy lenta», explicó la misma fuente.
La confirmación de que se mantendrán las mismas cifras les llegó a los privados de boca del propio Dujovne, quien en un almuerzo explicó cuál iba a ser la situación para el 2018. «Nos dijo que en moneda corriente, serán los mismos montos. Cuando le preguntamos que hacíamos con la inflación de 2017, explicó que lo iban a reemplazar por PPP», explicó.
Aunque en el sector privado señalan entender que la misión del ministro es ajustar para bajar la inflación y el déficit, también señalan que esto «se contradice con la idea del plan de obras públicas más ambicioso de la historia». Y ponen en duda que en 2018 se puedan ejecutar obras bajo el modelo de participación Público Privada.
«En los países en donde este tipo de contratos ya están maduros, la negociación de los privados para la financiación dura alrededor de seis meses.
En un contexto en donde los proyectos están demorados, y con estos plazos, entendemos que hay muy pocas posibilidades de que se ejecuten obras de este tipo el año que viene», explicó una fuente del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción.
Como adelantó este diario, hasta ahora bajo el sistema PPP el Gobierno lanzó una convocatoria para proyectos hídricos por u$s 9500 millones, licitará las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9 y las provinciales 19, 34 y 226 por un poco más de u$s 4000 millones y, según adelantó el Jefe de Gabinete Marcos Peña la intención es realizar llamados de interés para la construcción de siete hospitales por u$s 599 millones y la ampliación de dos centros penitenciarios y uno nuevo por otros u$s 850 millones.
Una tercera fuente del sector de las grandes constructoras explicó que la otra dificultad que tendrá el sector será la readecuación de contratos. «Si no reconocen el impacto de la inflación va a ser difícil que nos la reconozcan a nosotros». Para explicar la preocupación del sector ponen como ejemplo los casos de Vialidad y Aysa.
«Son los organismos que están ejecutando obras fuertes, muestra sobrecumplimiento del presupuesto. Si no firman ningún contrato nuevo, no les alcanzan los fondos para el año que viene para los contratos que ya están en marcha».
En el presupuesto 2017 el monto para la obra pública representaba el 2,21% del PBI. Según un trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la inversión real directa ascendía a $ 65.474,6 millones, algo así como el 30,4% del total de los gastos de capital.
El monto mostraba un alza de 38,7% respecto de 2016. Las transferencias de capital son de $ 133.805 millones (66,2% del total, aumentando un 37%)».
Si a este número se le aplicara un 20% de inflación, habría que sumar algo más de $ 13.000 millones.
Fuente: Cronista
