Varios municipios de la provincia, las sedes de las empresas de servicios básicos, y los edificios municipales, fueron en la ardiente jornada del martes 29 de enero, epicentros dónde, con acciones concretas, se canalizó el malestar cada vez mayor de la ciudadanía ante los abusos en materia tarifaria y prestataria. En unidad -como desde hace más de un año-, las organizaciones que confluyen en la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha viene vehiculizando un descontento social provocado por el crecimiento irracional del costo domiciliario de bienes que representan derechos, como el agua, la energía eléctrica y el transporte.
El repudio a los tarifazos, se suma a las consignas ya históricas que dieron lugar a esta experiencia colectiva de lucha: la desocupación, los salarios y el trabajo precarizado, la falta de acceso a la vivienda y la tierra, la explotación, el desguace de la salud y la educación pública, entre otras causas vigentes.
Tomar las calles y gestionar ante provincia y municipios
Las movilizaciones que la Coordinadora protagonizó este martes, como las del pasado 17 de enero, se nutrieron no sólo de la demostración de fuerza en el espacio público, sino que fueron respaldadas por gestiones – petitorios, documentos, denuncias, amparos, audiencias- que persiguen un mismo objetivo: que las dirigencias de Municipios y empresas establezcan las pautas para la retracción de tarifas y la garantía de la accesibilidad a los servicios a los sectores que lo demandan.
De no mediar respuestas favorables, el escenario es predecible: la agudización del conflicto social.
Arde la Zona Sur
En la Zona Sur, fue Apóstoles la que concentró la bronca de usuarias y usuarios de ese Municipio; pero también lo hicieron San José, Azara, Concepción de la Sierra y otras localidades de la región. Aquí las problemáticas abarcan a todos los servicios.
En materia de agua, el servicio que brinda la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Créditos de Apóstoles Limitada (COSPAL), no sólo es costoso sino que a falta de infraestructura adecuada, no llega a todos los barrios. P
or eso, la sede de esta entidad fue uno de los puntos dónde la masiva movilización hizo pie, convocando de manera urgente a las máximas autoridades de dicha Cooperativa, a encontrar soluciones a las demandas planteadas.
La referente de la Asociación Trabajadores del Estado Zona Sur, María Alvez destacó que en cuanto al servicio de transporte público, a partir de esta marcha, el intendente de Apóstoles convocó a las organizaciones a una audiencia para el próximo martes.
«Y en Emsa, dónde también estuvimos manifestando, se logró el compromiso con un plazo determinado, para que las autoridades provinciales den una respuesta ante los reclamos por los tarifazos tremendos en la zona, que nadie puede pagar», dijo.
En Apóstoles, desde mediados de enero, el boleto urbano cuesta 25 pesos -por resolución del Concejo Deliberante- y experimentó una suba del 31,58%, pese a que la empresa recibe subsidios por parte del Municipio.
«Hay mucha bronca por el precio del transporte, ante un servicio que además de caro es deficiente. Mucha gente ya no puede afrontar el costo de los viajes, pero la empresa sigue recibiendo fondos de las arcas municipales. Estamos exigiendo la retracción urgente de la tarifa», indicaron desde CTA Regional Apóstoles.
Se levanta la población de Jardín América
En Jardín América, el promedio de la tarifa energética oscila en los 3000 pesos por familia. En cuanto al agua potable, el servicio no alcanza a abastecer a diversos barrios humildes. El municipio que conduce el intendente Oscar Kornoski (FR), según denuncian las organizaciones sociales de la Coordinadora, adeuda infraestructura en las barriadas, perjudicando la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos.
«Salimos a las calles de Jardín nuevamente, porque sufrimos las consecuencias de las altas tarifas en los servicios públicos y el mal servicio de los mismos; exigimos una solución y seguiremos insistiendo hasta obtenerla. Nos matamos trabajando para poder ganar el pan de cada día y debemos trabajar el doble para poder pagar la luz y el agua. Es un robo», aseguraron desde la organización Seamos Libres.
Ante la protesta Ripoll respondió con patotas
En Garupá se evidenció una fuerte movilización, que no estuvo exenta de momento de tensión, cuando una patota del intendente Luis Ripoll (FR), junto a efectivos de seguridad, bloquearon el arribo de ciudadanas y ciudadanos que protestaban y exigían la presencia del alcalde en adyacencias al edificio municipal.
«Los barrios de Garupá están sin agua desde hace semanas. La situación es dramática. Niños y niñas internados por deshidratación. Personas con heridas en la piel, y otras sufriendo de gastroenteritis. Ante esto, la respuesta del Municipio que desgobierna el renovador Luis Ripoll, es hasta hoy es represión policial y remeras mentirosas, identificándose como Municipio Saludable», subrayó el secretario general de la CTEP y el Movimiento Evita, diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social.
Algunas soluciones en Garupá
Mientras que el militante de la Federación Juvenil Comunista (FEDE), Nicolás Acosta, aportó resaltó que «nos movilizamos en Posadas y Garupá contra los contínuos tarifazos impagables, las pésimas condiciones en las que se brindan los servicios públicos, y por la estatización de las empresas que ofrecen los mismos a manos del pueblo. A pesar de la presencia de la policía de Ripoll, y el amedrentamiento a les compañeres, en Garupá, el pueblo salió a las calles a gritar ¡Basta de impunidad!
Al Gobierno de Cambiemos, que con la complicidad del Gobierno provincial hambrea a la clase trabajadora, y genera una profunda crisis económica que padecemos les trabajadores y que nos asesina mediante la desidia del Estado, mientras los monopolios se enriquecen a costa nuestra”, enfatizó.
Finalmente, ante la presión popular, se firmó un Acta de Acuerdo entre el Municipio, el Concejo Deliberante; delegados barriales; el diputado provincial del PAyS, Martín Sereno y representantes del EPRAC y del IMAS, quienes se comprometen a un refuerzo del abastecimiento del agua, a la revisión y reparación de mangueras, continuación del trabajo de reparación de redes, y a la provisión de un tanque de 1100 litros de agua, entre otras soluciones para varios barrios de Garupá.
Oberá y la lucha tarefera
En la Zona Centro, la mayor manifestación tuvo lugar en Oberá. En esa ciudad, las organizaciones de la Coordinadora Provincial, marcharon hacia el Municipio, la sede de la CELO, y finalmente a la Delegación local del sindicato UATRE.
Este último punto tuvo relación con la lucha del sector tarefero por la interzafra y las condiciones laborales históricamente desfavorables, por las que los sindicatos y asociaciones que deberían defenderlos, hacen caso omiso.
En la calle y con unidad
La dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Graciela De Melo, participó de la marcha obereña. “Hay muchos sectores como los tareferos, que cobraron apenas una interzafra de 2300 pesos; otros miles no tienen trabajo, y hoy ante los tarifazos están realmente desesperados.
Por eso más que nunca es importante salir a buscar la más amplia unidad de los sectores vulnerabilizados, para derrotar este ajuste brutal del Gobierno de Macri contra el pueblo», afirmó De Melo.
A pocos kilómetros de Oberá, en Colonia Mártires, un grupo de militantes de la CCC se convocó sobre la ruta para apoyar a la lucha contra los tarifazos. “Estuvimos reunidos con quienes trabajamos en el proyecto de huertas, y los que están en la lucha por tierra, techo y trabajo.
Es un grupo no muy grande porque hace tres meses que nos organizamos en Mártires; pero ya somos más de 30 apoyando a la organización.Hicimos una olla popular y levantamos la acción a las 16 horas, previa asamblea en la cual discutimos nuestras problemáticas y los pasos seguir en la lucha por la tierra”.
Reivindicaciones en Montecarlo
Hacia el norte provincial, la CTA Montecarlo protagonizó una movilización que además de repudiar los tarifazos, incluyó un decidido apoyo a los trabajadores de la fábrica de terciado Henter, quienes mantienen una protesta ante la falta de pago de salarios y reducciones en la carga horaria. En el marco de esta jornada de lucha, la CTA local mantuvo una audiencia con el intendente Jorge Lovato (FR).
“Entre los puntos tratados se resolvió el pago de sueldos para las cocineras de la Escuela de Frontera 607; garantizar los servicios de agua y energía para los barrios Vista Alegre y 4 Bocas, garantizar la asistencia alimentaria a los sectores que lo necesitan, seguir trabajando en la organización; medición y emparejamiento de la ex cantera del barrio Malvinas recientemente pasado al Banco de Tierras Municipal; avanzar en proyectos educativos para los tareferos, campesinos y desocupados. Pedir conjuntamente a Ministerio de Desarrollo Social dela Provincia útiles escolares y guardapolvos. En el marco de respeto con el diálogo se va avanzando con pequeños pasos para el bien común de los trabajadores y los vecinos», indicaron desde la organización.
El agua en manos de capitales extranjeros
En tanto, en Posadas, la movilización de la Coordinadora Provincial volvió a ser masiva y trazó un itinerario que incluyó las sedes de Samsa, Emsa, el Municipio y la Casa de Gobierno.
En la capital provincial, la marcha dio inicio en el edificio de la Empresa Servicios de Aguas de Misiones SA, una compañía de capitales extranjeros que regentea el agua potable de Posadas y Garupá, desde que el mismo fue privatizado.
La Ley Provincial 3391, sancionada por la Legislatura de Misiones el 26 de diciembre de 1996, declaró sujeta a privatización mediante concesión la prestación de los servicios de agua potable que a la fecha de su promulgación venía desarrollando la Administración Provincial de Obras Sanitarias.
El intendente de Posadas desde 1995 era el ingeniero Carlos Eduardo Rovira y el Gobernador de la provincia era otro ingeniero, Federico Ramón Puerta.
Samsa: el saqueo del agua potable
La norma provincial 3523 de la Cámara de Representantes de Misiones, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la concesión del servicio público de Agua Potable y Desagües Cloacales, para Posadas y Garupá. La provincia llamó a Licitación Pública Internacional, y actuó como Autoridad de Aplicación en esa instancia, el Ministerio de Economía y Obras Públicas. Finalmente y después de las etapas de precalificación, evaluación de las ofertas en aspectos técnicos y económicos, la misma fue adjudicada a la empresa de capitales españoles Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima.
El objeto del contrato de concesión firmado entre Samsa y Misiones es la prestación de Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales, entendiendo que tales servicios implican la captación, tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de agua potable en Posadas y Garupá.
El plazo de concesión otorgado a la firma española, fue de 30 años contados a partir del 1 de agosto de 1999, fecha de la toma de posesión por parte de la empresa.
«Misiones es una provincia afectada terriblemente por la represa de Yacyretá y pagamos las tarifas de luz más caras del país. Estamos encima del Acuífero Guaraní, rodeados de ríos y arroyos; pero el agua también es más onerosa para nosotros; cientos de barrios carecen del servicio, y en Posadas el mismo está privatizado. Esto es fruto de un saqueo con el cual es preciso terminar. Hoy la provincia se levanta y dice basta a tanto atropello contra el pueblo», manifestaron desde la Coordinadora de Trabajadores/es en Lucha.
