«El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando», dijo en conferencia de prensa Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, y mostró parte del armamento hallado en bodegas. La información, llegada del Estado Plurinacional, está siendo analizada en detalle por el gobierno de Alberto Fernández, que prepara una ampliación de la denuncia penal presentada contra Mauricio Macri y parte de su gabinete.
Del Castillo confirmó que se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional. Algunas de estas balas –de Fabricaciones Militares– estaban escondidas en bolsas rotuladas como «guantes» y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.
Según información aportada por el ministro de Gobierno de Bolivia, los gendarmes argentinos llegaron al hangar de los Diablos Negros del aeropuerto de El Alto con el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Allí el personal diplomático, que había sido escoltado por la Policía de Bolivia abordó el avión, y se comenzó la descarga de las cajas con armas y municiones. A las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019, los gendarmes y los pertrechos fueron trasladados a la embajada y allí se hizo entrega del material bélico, como se había convenido con el entonces comandante de la Policía de Bolivia Yuri Calderón.
«Gran parte también fue enviada a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y debemos determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata», afirmó Del Castillo.
La hipótesis más firme es que de las 70.000 balas de goma que salieron de la Argentina, 40.000 fueron a la FAB –según surge de la carta que envió el 13 de noviembre de 2019 el entonces comandante Jorge Terceros Lara– y el resto a la Policía de Bolivia.
Del Castillo también denunció que la dictadura de Jeanine Áñez también pidió autorización el 15 de noviembre de 2019, dos días después de la llegada del contingente argentino, para que un Hércules de la Aviación boliviana entrara a Ecuador para recoger municiones –en su mayoría balas de goma y gases– que también fueron hallados en poder de la Policía de Bolivia.
Y agregó que «existía un plan continental para reprimir al gobierno boliviano organizado desde el 24 de julio cuando sin fundamento alguno el subsecretario de Estado de Donald Trump ya hablaba de fraude. Ya se tenía un manual para un golpe de Estado».
«El 10 de noviembre, Evo Morales es obligado a renunciar y el 11 el embajador solicitó equipamiento al grupo Alacrán» de Argentina, dijo Castillo. Y continuó: «Al día siguiente, el 12 de noviembre, Jeanine Añez se autoproclama presidenta de Bolivia y efectivos Bolivianos se van a recoger personal de la embajada y el armamento y las municiones que habían solicitado desde Argentina llega para descargar las armas que habían sido solicitadas, pero también llegaron otras no solicitadas».
Las investigaciones en Argentina
En Argentina, hay más de un proceso en trámite por el envío de armas a Bolivia. La denuncia del gobierno nacional contra Mauricio Macri por colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales empezó a moverse en los tribunales en lo penal-económico, donde quedó radicada en el juzgado de Javier López Biscayart. El viernes, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al exministro de Defensa Oscar Aguad, al exembajador Normando Álvarez García y al exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, entre otros, por contrabando agravado.
Este mediodía, el juez López Biscayart habilitó la feria para que la investigación sobre el envío de municiones a Bolivia continúe su curso durante las dos próximas semanas. En este sentido, fuentes del gobierno le dijeron a Página/12 que por estas horas se trabaja en una ampliación de la denuncia, en la que se hará hincapié en el hallazgo en la Policía de Bolivia. Esa tarea es coordinada por el ministro de Justicia Martín Soria.
En el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, se abrió una investigación administrativa para dilucidar qué pasó con el armamento que la Gendarmería sacó del país. Frederic le dijo a este diario que por la información que manejan ningún efectivo de esa fuerza hizo un disparo durante su estadía en La Paz, lo que también demuele el argumento de que los gendarmes podrían haberse gastado las 70.000 balas en ejercicios o entrenamientos. A Bolivia fueron enviados integrantes del grupo «Alacrán», especializado en casos de tomas de rehenes. Los alacranes no emplean armamento antitumulto como el que se encontró en los depósitos de la Policía de Bolivia y habría sido donado a la Fuerza Aérea de ese país.
En declaraciones radiales, Álvarez García — actual ministro de Trabajo de Jujuy– reconoció que podría haber existido un circuito paralelo para las 70.000 balas antitumulto que llevó consigo el grupo “Alacrán” de la Gendarmería, que llegó a Bolivia el 13 de noviembre de 2019, en las primeras horas del gobierno de Jeanine Añez.
Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no sólo no le pidió explicación alguna a Normando, sino que lo reconoció. Entre aplausos y honores, el ex embajador de Argentina en Bolivia y actual ministro de Trabajo de Jujuy recibió de las manos del gobernador la Medalla Orden del General Manuel Belgrano en reconocimiento a su desempeño de «alto valor humanitario» durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019. Además, fue declarado “ciudadano ilustre” y “personalidad destacada de la provincia de Jujuy”.
Fuente: Página 12
