En un fallo de fuerte impacto político y social, la jueza Correccional y de Menores N° 1 de Posadas, Marcela Alejandra Leiva, condenó este miércoles a los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez por su participación en los cortes de la avenida Uruguay y el acampe realizado durante las protestas salariales de 2024 en la capital misionera.
Tras el cierre de los alegatos, la magistrada dispuso penas de prisión en suspenso, sumadas a tareas comunitarias y el pago de costas, al considerarlos responsables de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra, delitos encuadrados en el contexto de la medida de fuerza que paralizó una de las principales arterias de Posadas.
Las penas: prisión condicional y reglas de conducta estrictas
Mónica Gurina: 10 meses de prisión en suspenso.
Leandro Sánchez: 8 meses de prisión en suspenso.
Ambas condenas se dictaron en concurso ideal, por entender que los imputados conocían una orden judicial que prohibía el corte de la calzada y, aun así, mantuvieron el bloqueo durante la protesta.
Al tratarse de penas condicionales, la jueza impuso reglas de conducta obligatorias, entre ellas:
Fijar domicilio dentro de la jurisdicción del tribunal.
No cometer nuevos delitos.
Realizar tareas comunitarias no remuneradas durante toda la duración de la condena, cumpliendo ocho horas mensuales fuera del horario laboral.
Los condenados deberán acreditar mensualmente el cumplimiento de estas obligaciones. La magistrada también confirmó que la lectura completa de los fundamentos se llevará a cabo el 1 de diciembre de 2025.
Cruce entre fiscalía y defensa
Durante los alegatos, la fiscal María Laura Álvarez sostuvo que «en el marco de una protesta se cometieron delitos», remarcando que los cortes afectaron la libre circulación y generaron perjuicios a terceros. Solicitó penas en suspenso y tareas comunitarias para ambos acusados.
Por su parte, los defensores Eduardo Paredes y Roxana Rivas reclamaron la absolución, enfatizando que la conducta se inscribió en un legítimo reclamo salarial y cuestionando que la notificación de la orden judicial hubiera sido efectivamente comunicada. «Lo que hicieron fue protesta salarial», afirmó Paredes, mientras que Rivas insistió en que “no está acreditado que hayan desobedecido ni que fueran líderes”.
Recurso y anuncio de nuevas medidas de fuerza
Tras conocerse el fallo, la defensa anticipó que apelará la sentencia, al considerar que la acusación carece de sustento.
En paralelo, tanto Gurina como Sánchez adelantaron que en las próximas horas anunciarán un paro docente.
