Lo había anunciado el jefe de Gabinete Marcos Peña en conferencia de presa. «El Ejecutivo pretende conseguir un veredicto técnico de la Auditoría General de la Nación antes de suscribir una postura definitiva», en referencia al acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Por ello el Gobierno llamó a una reunión de sus legisladores en el Congreso.
Es que desde ese organismo aclararon que eso no correspondía, pues el que debe solicitárselo es el Congreso, no el Ejecutivo. «El presidente de la AGN, Oscar Lamberto, aclaró que ese organismo no intervendrá en el conflicto originado por el principio de acuerdo entre el Gobierno y el Correo Central. “No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo”.
El caso de fondo
El miércoles 8 de febrero se supo que la Presidencia argentina acordó con el grupo Macri, propiedad de la familia del mandatario Mauricio, el pago de una deuda con el Estado que ascendía a 292 millones de dólares.
Con el arreglo alcanzado, el Estado perdonará al grupo Macri un 98,87% de la suma. Eso implicaría, en la práctica, una quita de 4277,6 millones de pesos (unos 292 millones de dólares) a valor presente, o de 70.163,9 millones de pesos (unos 4.500 millones de dólares) a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese acuerdo, según el diario La Nación.
Se trata de una deuda que el grupo Macri contrajo con el Estado mientras fue administrador del Correo Argentino entre 1997 y 2003. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos nacionales habían rechazado las propuestas de pago del Grupo empresarial por considerarlas abusivas.
