Por Santiago Tristany (*)
Estuvimos conversando sobre la actualidad de las políticas sociales en nuestro país, con el Profesor Dr. Carlos M. Vilas, sociólogo titular de las cátedras de “Teoría de la Política Social” y de “Análisis de las políticas públicas”, en la Maestría en Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Honorario y Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, y de la Revista Perspectivas de Políticas Públicas; ex Presidente del IADE.
Son temas que muchas veces podemos llegar a comprender de modo incorrecto, al menos si pretendemos analizarlos desde una mirada amplia y abarcativa y no disponemos de las herramientas de análisis adecuadas. Es por este motivo que elegimos preguntar algunas cuestiones al Dr. Vilas, de modo tal que logremos una aproximación renovada de estos problemas en la Argentina.
Podemos leer que usted explica en «Política social: ¿Hacia un nuevo paradigma? (1)«, que la política social contribuye a la preservación del régimen político y, constantes otros factores, legitima ante el capital y los sectores medios la recaudación de los recursos requeridos para financiarla, al tiempo que brinda a los sectores más vulnerables una contraprestación por su observancia del contrato social. En consecuencia –dice usted- el “techo de legitimidad” de la política social está dado por la eficacia de los gobiernos en compatibilizar las demandas sociales con los requerimientos de acumulación de capital y el funcionamiento del mercado, en el marco de los parámetros sustantivos e institucionales del régimen político.
¿Podría por favor dar su opinión de este «techo de legitimidad» en el contexto de la política social de la Argentina hoy?
C.V.: En la actualidad -desde enero 2016- no hay política social, sino un número reducido de programas predominantemente asistencialistas, pero aún así con severos recortes presupuestarios. Una política social es un conjunto estratégicamente direccionado que actúa en 5 dimensiones centrales, todas las cuales interactúan con la política económica y la política fiscal: empleo, salud, educación, vivienda, seguridad social. La política social armoniza el desempeño en esas cinco dimensiones, orientándolo hacia objetivos de desarrollo y bienestar y, por supuesto, inclusión social.
La nueva configuración del poder reduce dramáticamente el «techo de legitimidad» de la política social. Esto se pone en evidencia en los dos acuerdos con el FMI, pero aún sin éstos, es coherente con las concepciones ideológicas y los intereses de clase que el macrismo representa. Lo fundamental es consolidar la estructura de poder con hegemonía financiera, las altas tasas de ganancia del gran capital y sus empresas (bancos, prestadoras de servicios públicos, hidrocarburos…) y que el resto se ajuste como sea al nuevo esquema.
Por eso en todas las dimensiones de la política social se registra un marcado retroceso. La racionalidad fiscal, impuesta por el FMI y por la propia ideología del grupo gobernante, decide los alcances y montos de las asignaciones de recursos. Los resultados están a la vista. No solamente en el acelerado deterioro de las condicione de vida de muchísima gente, incremento de la pobreza y la desigualdad, sino también en el impacto multiplicador de esto en la economía -caída de la producción y del consumo, por lo tanto caída del nivel de actividad- todo ello con futuro previsible de creciente empeoramiento. Los pocos programas sociales que han sobrevivido -por ejemplo la AUH y algún otro- se sostienen por su impacto en moderar el malestar social, en un retorno degradado, si cabe, al neoliberalismo de los años 90s.
S.T.: Entendemos tal como usted lo presenta en «De la focalización a la integralidad. Cambio de paradigma en las políticas contra la pobreza y la desigualdad (2)«, que de acuerdo a la crítica neoliberal, la universalidad habría favorecido la apropiación de los efectos de la política por quienes menos los necesitan –las clases medias y los sectores urbanos– y la consiguiente generación de injusticias, despilfarros y corruptelas. De ahí entonces –dice- los esfuerzos por definir quiénes son los pobres, esfuerzos que conjugaron criterios conceptuales, operatividades técnicas, disponibilidades financieras y conveniencias políticas. Producto de esta compleja alquimia institucional –leemos-, pobres resultaron ser, en una típica petición de principios, los destinatarios de los programas de asistencia a los pobres. La preocupación por la definición también obedece a que la evaluación del éxito o el fracaso de la política depende en gran medida de cómo se ha delimitado el universo de los pobres.
¿Cómo piensa usted esta cuestión de «quiénes son los pobres» en la Argentina de hoy?
C.V.: El debate en torno a la magnitud de la pobreza y los tipos de pobreza siempre está ligado a determinadas concepciones normativas respecto del desarrollo, el bienestar y la justicia social. Más allá d la cuestión meramente aritmética, es un tema de concepciones políticas y sociales.
¿Cómo medimos la pobreza? ¿Por el ingreso monetario? ¿Por una determinada línea en materia de satisfacción de necesidades básicas? ¿Y quién decido qué es lo básico y qué no lo es? De acuerdo a la definición convencional, la economía es la ciencia que administra recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Pero: ¿quién hace las cuentas? ¿Quién marca el límite? ¿La naturaleza? ¿Un determinado margen de la tasa de ganancia del capital compatible con la inversión y el desarrollo?
Pero: ¿desarrollo de qué tipo y con qué objetivos?
Los efectos de las acciones de gobierno de los últimos tres años incrementaron la pobreza porque muchas familias que se habían beneficiado de la política social anterior transitaron un camino inverso. Durante la década pasada mucho se habló, especialmente por el Banco Mundial, del crecimiento de unas nuevas clases medias en América Latina. En realidad era el efecto de aquellas políticas sociales (en Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay) dirigidas a los más vulnerables, que mejoraban sus condiciones de vida y los sacaban de la pobreza estadística y los reubicaban en los niveles inferiores de los «no pobres», o sea las franjas inferiores de las heterogéneas clases medias. Ahora estamos presenciado el fenómeno inverso. Muchos de los «no pobres» recientes vuelven a ser pobres, a los que se suman los que estaban en las franjas medias que también son empobrecidos por la pérdida de empleo, el aumento salvaje de las tarifas de los servicios, la creciente carga fiscal, etc.
Es decir, ponerse de acuerdo en quiénes son «los pobres» es algo bastante más complejo de contar, sumar y calcular porcentajes.
S.T.: Finalmente, y siguiendo su argumentación en «De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo (notas para una perspectiva macro) (3)» vemos que los trabajadores son expulsados de anteriores ocupaciones en el mercado formal, y luego algunos de ellos son contratados en condiciones degradadas de empleo y de salario. Se estaría así , según usted explica- en presencia del desarrollo de un nuevo mercado de trabajo que va más allá de la diferenciación tradicional entre sector formal y sector informal y que combina ingredientes de ambos: organismos estatales y multilaterales y empresas capitalistas en el financiamiento y ejecución de las obras -es decir, sector formal- sustentados en fuerza de trabajo contratada de acuerdo con patrones informales: inestabilidad laboral, salarios debajo del mínimo, ausencia de protección legal, inexistencia de organización sindical.
¿Cómo piensa usted esta cuestión en la Argentina actual?
C.V.: En el último año se registró una pérdida de casi 200.000 empleos, la mayoría en el sector privado y dentro de éste, en el industrial. También se registra una caída del empleo informal, sobre todo por la casi desaparición de las «changas», mecanismo de subsistencia de empleo informal. El fenómeno más trágico de estos años es, directamente, la reducción del mercado de trabajo por efecto de las políticas gubernamentales. Dicho simplemente: la contracción productiva impacta negativamente en el empleo, la caída del empleo más la inflación reducen la demanda, lo cual hace difícil el crecimiento de la producción; la salida de capitales por remesa de utilidades y la formación de activos externos agrava el endeudamiento externo; las altas tasas de interés más la restricción física del crédito complican adicionalmente al sector productivo y a la generación de empleo, y así en sucesivas vueltas de la ruleta en niveles cada vez más bajos de actividad.
(*) Licenciado en Psicología
(1) Vilas, C. (2011): “Política social: ¿Hacia un nuevo paradigma?”. Disponible en www.cmvilas.com.ar/index.php/articulos/12-politicas-publicas/77-politica-social-hacia-un-nuevo-paradigma
(2) Vilas, C. (2006): “De la focalización a la integralidad. Cambio de paradigma en las políticas contra la pobreza y la desigualdad”. Disponible en www.cmvilas.com.ar/index.php/articulos/12-politicas-publicas/18-de-la-focalizacion-a-la-integralidad
(3) Vilas, C. (1997): “De ambulancias, bomberos y policías: La política social del neoliberalismo (Notas para una perspectiva macro)«. En Desarrollo Económico 144:931-952. Disponible en www.cmvilas.com.ar/index.php/articulos/12-politicas-publicas/107-de-ambulancias-bomberos-y-policias-la-politica-social-del-neoliberalismo
