La radicalización institucional propuesta por el presidente Jair Bolsonaro al afirmar que no cumplirá decisiones de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, provocó este miércoles una suspensión de la agenda del Senado hasta el próximo lunes 13 de septiembre, lo cual complica los proyectos económicos del Gobierno y sobre todo las reformas del Estado y tributaria impulsadas por el oficialismo en sintonía con el mercado.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, de la fuerza de derecha Demócratas, lanzó un fuerte mensaje contra Bolsonaro al cancelar toda la agenda de proyectos luego que el mandatario afirmara ayer ante una multitud en Brasilia y San Pablo que no cumplirá las decisiones del juez Alexandre de Moares, que investiga una trama oficialista contra las instituciones democráticas.
Según fuentes parlamentarias, la decisión de Pacheco, un líder crítico de Bolsonaro, empantana el proyecto del ministro Paulo Guedes para renegociar las deudas judiciales del Estado que puedan permitir poner en marcha el plan social Auxilio Brasil, la cara social que el presidente quiere darle a su gestión para la reelección a la que aspira en 2022.
Según el diario económico Valor, el mercado financiero, que respalda la agenda económica del oficialismo, considera que las reformas «murieron» con la decisión de Bolsonaro de estirar la cuerda ayer, lo cual ha generado en el Congreso mayores distanciamientos con líderes partidarios que no se están embarcando en su lucha personal contra el Supremo.
«Vemos a un presidente más aislado y agresivo con las instituciones, que habla de llamar al Consejo de la República. Esto sugiere una parálisis en la agenda y los proyectos de reformas murieron», dijo Sergio Vale, de la consultora económica MB Associados, una de las más influyentes del país.
El Consejo de la República es un órgano suprainstitucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con aportes de la sociedad civil que dirime cuestiones de conmoción nacional, como el estado de sitio o la intervención federal en algunos estados.
Líderes parlamentarios negaron su intención de participar de este consejo, utilizado apenas una vez en 2018 para intervenir militarmente la seguridad de Río de Janeiro bajo el Gobierno de Michel Temer.
El interventor de Río de Janeiro fue el general Walter Braga Netto, hoy ministro de Defensa y uno de los funcionarios que participó de los actos de ayer al lado de Bolsonaro con una remera con una calavera con los colores de Brasil.
El titular de la corte, Luiz Fuz, prepara un pronunciamiento para responderle a Bolsonaro antes de la sesión de hoy, prevista para las 14, en un momento de tensión institucional inédito desde el derrocamiento de Dilma Rousseff, en 2016.
Varios partidos de centroderecha han pasado a apoyar un juicio político contra Bolsonaro, que por ahora cuenta con el apoyo del presidente de Diputados, Arthur Lira, el funcionario que debe darle la luz verde a este tipo de solicitudes.
