El Gobierno ultimó este martes los detalles del bono de $5.000 destinado a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.
Se trata del decreto que saldrá publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial por el que las empresas deberán pagar esa suma de carácter no remunerativo a partir de octubre, aunque persisten las dudas sobre su alcance ya que las cámaras y gremios de cada actividad tendrán la posibilidad de negociar plazos, cuotas y condiciones.
Ese es uno de los principales puntos estipulados por el borrador al que accedió iProfesional, en el que también se define que los empleados percibirán el beneficio en forma «proporcional» cuando la prestación de servicios fuera inferior a la jornada legal o convencional. El documento de cuatro artículos fue elaborado por funcionarios, técnicos de la CGT y el sector empresario durante la reunión que mantuvieron este martes desde las 9 hasta pasadas las 12 en la sede de Callao de la secretaría de Trabajo.
«Establécese una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a la suma de pesos cinco mil ($5.000), la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo en ejercicio de sus autonomía colectiva», reza el primer artículo.
En el Gobierno aseguran que el pago es obligatorio y que las empresas que lo incumplan serán pasibles de sanciones. La CGT lo exigió así para evitar que se repitiera la situación del 2018, cuando Mauricio Macri dispuso el pago de una suma de $5.000. Los representantes de la central obrera señalaron durante la reunión que la medida adoptada en noviembre de ese año fue acatada solo por un 40% de los empresarios.
Pese a ese antecedente, el borrador del actual decreto es casi una copia del DNU Decreto 1043/2018. No solo por la cantidad de artículos sino también por su contenido. De mantenerse sin cambios, la única diferencia es que el año pasado se contempló un pago en dos cuotas -una en noviembre y otra en enero-, y se limitó la posibilidad de negociar cambios a los sectores en crisis, a la vez que se incluyó un mecanismo para comunicar despidos sin causa con 10 días hábiles de anticipación, que nunca llegó a reglamentarse.
Ahora, en el nuevo texto se prevé la posibilidad de introducir modificaciones en el marco de las paritarias de todas las actividades (no solo aquellas en dificultades), siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. Los empresarios de la CAME aseguran que en el rubro mercantil hay un pacto tácito con el gremio liderado por Armando Cavalieri para que las pyme paguen la suma en hasta cinco cuotas.
«Se puede pagar todo junto en octubre o en cuotas y modalidades por paritaria por cada sector. Ninguno va a exigir que paguen lo que no se puede», aseguró a este medio el representante de CAME, Ricardo Diab, quien aseguró que «el decreto tiene autoridad para sancionar a quienes no lo cumplan porque es obligatorio».
En su tercer artículo, el decreto prevé que la suma «se compensará en las próximas revisiones salariales». La actividad mercantil es una de las actividades que acordó un aumento salarial del 30% en varios tramos con una instancia de renegociación en enero, por lo que las empresas recién podrían absorber el bono recién en la próxima revisión.
El borrador también permite compensar los bonos concedidos en forma unilateral luego del 12 de agosto de 2019, como lo hicieron hace dos semanas bancos y grandes empresas alimenticias presionados por sus comisiones internas, según reveló iProfesional.
«Los empleadores que hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria, otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir de 12 de agosto de 2019, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente», dice el artículo 3°.
De esta manera, la redacción habilita también a que la suma sea tomada a cuenta en aquellas paritarias atadas a la inflación. Ese es el caso de la construcción y bancarios, sectores que negociaron aumentos en forma trimestral y mensual, respectivamente, en función de la evolución de los precios medidos por el INDEC.
El líder del gremio bancario Sergio Palazzo se reunió este martes con su consejo directivo para definir los próximos pasos. Como la inflación acumuló una suba del 30% en agosto, el sindicalista espera ahora negociar un nuevo ajuste, luego de alcanzar en julio un 30% de incremento salarial. El decreto abre la puerta a que los bancos puedan absorber el bono dentro de la negociación.
En total, se estima que el beneficio alcanzará a 6 millones de asalariados privados, sin contar a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, que serán excluidos de los alcances del decreto. Tampoco serán alcanzados los trabajadores del régimen de trabajo agrario, regulado por la Ley 26.727, y las empleadas domésticas, bajo el régimen especial regulado por la Ley 26.844.
Fuente: Iprofesional
