Mauricio Macri sigue fracasando en su afán de frenar las declaraciones de los gendarmes que viajaron a Bolivia con las municiones que quedaron en manos de las fuerzas que dieron el golpe de Estado contra Evo Morales. El juez Javier López Biscayart rechazó este miércoles una apelación que había presentado la defensa del expresidente y ratificó que la investigación interna que está haciendo la Gendarmería en nada perjudica a Macri o a los otros imputados por el contrabando agravado de material represivo al país vecino.
Macri pretende que la justicia frene una investigación interna que está haciendo la Gendarmería para conocer cómo fue el procedimiento por el cual las 70.000 balas antitumulto 12/70 que la exministra Patricia Bullrich había comprado para la cumbre del G20 salieron del país en noviembre de 2019 y terminaron en manos de la Fuerza Aérea Boliviana y de la policía del Estado Plurinacional. El juez López Biscayart ya le dijo que no iba a hacerlo el lunes, pero su abogado, Pablo Lanusse, apeló y el magistrado volvió a cerrarle la puerta a la intentona de Macri de frenar un procedimiento que puede aportar información trascendente a la causa.
López Biscayart le respondió que su decisión no era materia apelable y que no le causaba un gravamen irreparable, como sostuvo el exfiscal Lanusse, que asesora a Macri tanto en esta causa como en la del hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo y en los expedientes sobre el espionaje ilegal durante su gobierno. El juez le recordó que los principios constitucionales y convencionales rigen tanto para las investigaciones penales como las administrativas. “Sin que de ellas pueda derivarse una facultad del Poder Judicial de inmiscuirse en las propias de otro poder del Estado”, resaltó el magistrado.
“Además, lo decidido no veda la posibilidad de las partes de exigir el cumplimiento de esos postulados en el marco de la actividad administrativa ni su eventual posterior control en sede judicial, en caso de corresponder”, agregó López Biscayart en la resolución a la que tuvo acceso este diario.
El sumario de la Gendarmería está a cargo de un instructor de esa fuerza que deberá recoger el testimonio de los tres contingentes de efectivos que estuvieron en Bolivia entre noviembre de 2019 y junio de 2020 con el objetivo de custodiar la embajada y la residencia del embajador. Se trata de una treintena de declaraciones.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dispuso el pase a disponibilidad de cuatro altos cargos de la Gendarmería mientras se sustancia el sumario: el exjefe del grupo Alacrán Fabián Salas, el exjefe de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exjefe de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en Bolivia Adolfo Caliba. Todos menos Salas fueron imputados en la causa por el fiscal Claudio Navas Rial, que también acusó al excomandante general de la Gendarmería Gerardo Otero.
Hasta ahora las responsabilidades de los gendarmes aparecen bastante delimitadas en el expediente en el que también están imputados Macri, Bullrich, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y el exministro de Defensa Oscar Aguad en la plana política:
Yavorski fue quien gestionó en noviembre de 2019 la salida de las 70.000 balas de goma que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas. Ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fue él quien justificó que la Gendarmería pidiera inicialmente sacar 3600 balas y, al día siguiente, pidiera llevar 70.000.
Caliba fue quien recibió al contingente de gendarmes con las armas en el aeropuerto de El Alto el 13 de noviembre de 2019. Un informe confeccionado por el agregado naval Miguel Alonso lo situó como quien se hizo cargo de todo lo que sucedió tras la llegada del Hércules argentino.
Otero era el jefe máximo de la Gendarmería y el 17 de noviembre de 2019 recibió un parte de Caliba, quien le comunicaba que había estado reunido con la policía del golpe y que le había pedido materiales químicos. La hipótesis del gobierno, a la que abonó el fiscal Navas Rial, es que la comunicación fue para darle una “cobertura” a la entrega de las municiones que se habría efectuado cuatro días antes. Tanto la carta de la Fuerza Aérea de Bolivia, en la que agradeció la recepción de 40.000 balas, como un inventario de la Policía de Bolivia están fechadas el 13 de noviembre de 2019, es decir, el mismo día en que llegaron los gendarmes con las armas.
Recalde informó el 15 de julio del año pasado que los gendarmes habían agotado la totalidad de los 70.000 cartuchos en ejercicios y entrenamientos en La Paz.
El juez López Biscayart recibió el lunes un avance del sumario de la Gendarmería. La investigación administrativa tiene sus plazos para que los gendarmes puedan defenderse. Por el accionar que viene desplegando en la causa, es claro que Macri está preocupado por lo que puedan declarar. En la reunión a la que convocó Bullrich, revelada por el diario La Nación, ninguno de los efectivos fue invitados. Ni siquiera fue de la partida Otero, que fue quien despidió a la entonces ministra con un sable de regalo que evocaba la frase de que no iba a “tirar un gendarme por la ventana” en plena investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.
Las definiciones de la causa
En los tribunales en lo penal económico hay tres causas por el contrabando de armas a Bolivia. La que presentó el gobierno –a través de Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont– está en manos de López Biscayart. Ese expediente fue el único que estuvo activo durante la feria y tiene, por el momento, ocho imputados.
Este miércoles, López Biscayart aceptó hacerse cargo de un expediente que estaba en manos de su colega Rafael Caputo, según informaron fuentes judiciales. Queda pendiente saber si se unifica la denuncia del gobierno con la que había presentado el excamarista Eduardo Freiler. El fiscal Navas Rial pidió la unificación de los dos expedientes. La denuncia de Freiler ingresó antes, pero claramente la causa que mayores avances tuvo fue la que dirige López Biscayart.
El juez ya acumuló una importante cantidad de pruebas. A priori los documentos aportados por el gobierno muestran que las municiones salieron y que no fueron declaradas en el manifiesto de carga, lo que es fundamental para probar el delito que se investiga: el contrabando. En ese sentido, en el juzgado y en la fiscalía seguían esperando documentación desde Bolivia, que debe llegar a través de la Cancillería, y después se deberá definir si se avanza con las indagatorias. Otra definición que puede surgir del análisis de esa prueba es si se amplía el conjunto de imputados a integrantes de las fuerzas o a otros exfuncionarios macristas que también fueron denunciados por el gobierno.
Fuente: Página12
