El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, admitió la caída en la producción de crudo, reveló que el Gobierno nacional investiga una posible cartelización de las petroleras por las recientes subas y bajas de precios en las naftas y anunció que se vienen nuevos aumentos en las boletas de luz y gas hasta 2019. Además, dijo que un plan para fomentar la competencia y así reducir el valor de los combustibles sería privatizar YPF.
En diálogo con radio Mitre, Aranguren admitió un descenso en la producción de crudo argentino, como reveló ámbito.com, lo que aleja a la Argentina de la autoabastecimiento. «Es claro y evidente que bajó en los últimos tres años, no ahora, y en todo hay que preguntarse porqué aumentan los combustibles, no ahora que se está recuperando el precio internacional del petróleo. Una cosa es cuando cae, que puede remontar, no es una cuestión de que el precio cambió. A partir de este año la producción de gas se empieza a generar», sostuvo.
En esa línea, rememoró que en 2007 Guillermo Moreno «hizo firmar» al exministro de Economía Miguel Peirano una resolución que decía que «si el precio del petróleo superaba u$s 61 por barril, todo lo que supera va a las arcas públicas del Estado, ¿quién va a poner un mango si se lo lleva otro? Era un absurdo. En la historia de producción y procesamiento de crudo en la Argentina van a encontrar que en noviembre de 2007 se produce una caída y ahora la estamos revirtiendo».
Surtidores
A raíz de la caída en el procesamiento de productos derivados del petróleo, se refirió a los precios de la Nafta. «Todavía no experimentamos la oportunidad de seguir al marcado, y que cuando baja tiene que bajar. Dicen que liberamos juntos cuando empezaron a subir. En realidad se liberó en septiembre pasado por que se había alcanzo el precios nacional e internacional», señaló, y estimó que después de haber tocado en 2014 u$s 84 el barril, bajó primero a u$s 60, después a u$s 40 y en febrero del año pasado a u$s 25. «Ahora se ha recompuesto. Muchos creemos que u$s 70 es un precio alto, que va a estar en u$s 60. Vamos a ver la oportunidad en el año que baje», manifestó.
El componente de precios tiene tres elementos: precio internacional, el tipo de cambio y los biocombustibles, que son precios fijos y son 2% para el gasoil y 10% para naftas. En tanto los impuestos en nafta son de 45% y en gasoil de 38%, depende del lugar del país. En este marco, Aranguren recordó que en marzo empieza a regir la «transformación de los impuestos en porcentajes y en gastos fijos, que va a subir (según) la inflación» y amenazó a las petroleras por si se disparan los precios en los surtidores. «El Gobierno puede bajarlo 10% o subirlo 25% y podemos utilizar en una situación de crisis», advirtió.
Asimismo, no descartó acceder al pedido de YPF de disminuir un 10% el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), como anticipó Ámbito Financiero. «Falta un mes para que pueda ocurrir, hoy no tememos ninguna ley que lo permita. Enero de 2015 el ministro Axel Kicillof bajó el precio del combustible en un acuerdo precios entre petroleras y Gobierno. Vamos a analizar las posibilidades a seguir. Todo lo que no se recauda por el sector combustibles es algo que va a salir de otro lado, vamos a ver el impacto en cada caso», dijo, y recordó que el gasoil es el que mueve la actividad económica por el transporte de carga y la el agro. «Me preocupa mucho que aumento el gasoil».
Por último, el ministro repasó los últimos aumentos y retrocesos de precios aplicados por Shell, Axion y OIL, a la espera de la decisión de YPF, y reveló que se abrió una pesquisa para evitar la cartelización. «Los últimos tres aumentos siguieron los aumento del crudo, que subió en forma pareja de u$s 50 a u$s 70 el barril. No tenemos que asustarnos por la cartelización. La Comisión de Defensa de la Competencia, que trabaja en el ámbito del Ministerio de la Producción, y actuó por oficio para investigar el mercado de los combustibles, como lo hizo con farmacias», indicó.
«Es un mercado corto, cuando uno se separa mucho del competidor, el competidor absorbe la venta, pero que el que absorbe como no tiene mucha más posibilidad de producción tiene que importar. El quid de la cuestión es lograr más competencia en el mercado y es difícil porque YPF tiene 58% del mercado, que lo recibimos de la herencia de los noventa. Si hubiese sido por mí hubiera privatizado YPF en dos partes, una con la refinería de La Plata y otra con la Luján de Cuyo, como si hizo con Entel, y luego lograr que compitan entre ellas después de 5 años de no competencia», remarcó.
Tarifas
Durante la charla se le refregó que un sector del Gobierno lo responsabilizada por la escalada inflacionaria, con el aumento de las tarifas de luz y gas. «En parte sí y en parte no, depende como se analiza, si es en el corto plazo, o largo plazo, esto es un proceso», replicó el funcionario.
«Tenemos que recuperar un sistema energético porque la gente quiere tener calidad de servicio, y para por un servicio que se le preste que sea acorde a lo que está pagando. Lo que se destruyó en 12 años lleva un tiempo en recomponerlo», subrayó.
En ese marco, Aranguren justificó la quita de subsidios a los servicios públicos y los incrementos a los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires porque esos ciudadanos se «acostumbraron» a pagar menos que en el resto del país. «En dos días vamos a terminar la recomposición de las tarifas para que no se puede decir que estamos discriminando positivamente a los porteños y al conurbano. Estamos en un proceso desde el punto de vista tarifario está previsto en las putas presupuestarias e inflacionarias», dijo.
Según datos de Energía, Edesur y Edenor posee unos 5,3 millones de clientes sobre 13,2 millones de hogares en todo el país. Aranguren acaró que desde el mes próximo los nuevos aumentos de tarifas se ajustarán semestralmente, según una nueva fórmula incluida en los contratos de concesión, con tres índices: costo de vida, costo mayorista y salarios.
«En el caso de la generación falta para recuperar el costo de generación, por los que tiene la tarifa social, que reciben 4,1 millones usuarios y tenemos que demostrar que cada vez menos gente necesitan esa tarifa», expresó.
«Cuando llegamos los subsidios a las tarifas de gas y electricidad eran de 3,3% del PBI. Ya lo bajamos a 1,2% o 1,3% y queremos llegar al 0,3% o 0,4%, con las tarifas sociales (solamente). Lo bajaremos en función del éxito en combatir la pobreza. En gas y electricidad tenemos previsto llegar en 2019 a esa meta, con la Patagonia la extenderemos hasta 2023», agregó.
Al ser consultado sobre los aumentos que se vienen, el ministro sostuvo: «En 2015 el costo de producción un megawatt hora era de $ 960. De ese total se pagaba $ 90, solo el 8%. Si seguíamos así íbamos a Venezuela. Desandar ese camino requirió esfuerzos y medidas de las que no estamos contentos, pero hoy ya se está subsidiando el 45% y se va a ir reduciendo para que aquellos que pueden pagar, paguen. El año pasado el costo de la energía fue $ 1.240 y en diciembre el costo de lo que se paga llegó a $ 880», describió.
«Las inversiones en energía renovable van a permitir tener un costo de generación que será las dos terceras partes de lo que tenemos hoy. Estoy convencido que a partir de 2019, que el costo se recompone, la tarifa va a empezar a bajar en la medida en que tenemos una inflación a la baja, que ese es el objetivo. Creo que el aumento de este año será un 20% más y falta un 25% o 30% adicional, aproximadamente, además de la inflación. Si la inflación baja, el impacto será menor», sentenció.