La Justicia Federal realizó este lunes 27 allanamientos en el marco de una causa que investiga a varios dirigentes sociales pertenecientes a diferentes organizaciones por presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales para asistir a manifestaciones y marchas de protesta.
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros. «Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones -entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero- que extorsionaban a las personas para ir a las marchas», indicó la ministra a través de una publicación en su cuenta personal de «X».
En el posteo titulado «La extorsión tiene consecuencias», comentó que toda la información para la realización de la denuncia fue recibida en la Línea 134, brindada por «los ciudadanos extorsionados, y nos muestra el camino de la libertad de estas personas».
«Se acabó esto de aprovecharse de la gente para financiar sus negocios espurios», agregó Bullrich tras conocerse la noticia de las medidas ordenadas en el caso que también investiga si los dirigentes le habrían pedido a los beneficiarios que vendieran al público alimentos y productos de programas que del ex Ministerio de Desarrollo Social.
Además del ya mencionado Polo Obrero, entre los 27 referentes imputados también aparecen integrantes del Movimientos Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita y ordenados por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Según pudo conocer PERFIL, la investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), que llevó a cabo los 27 allanamientos en diferentes domicilios que fueron señalados como «pertenecientes» a las agrupaciones sociales. Además, el fiscal a cargo de la causa solicitó que los involucrados se presentan a prestar declaración indagatoria por los hechos.
Durante los operativos se secuestraron «dispositivos electrónicos de los imputados, planillas o cuadernos -donde se presume que tomaban asistencia o registros de pagos-; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo», acorde a lo que consigna el expediente.
Quiénes son los dirigentes sociales imputados
La denuncia plantea que los acusados habrían «exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’». En ese sentido, se detalla que en total se registraron 924 casos por llamados a la línea 134.
Además de Canteros, se informó que hay otros 27 imputados, entre los que figuran Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello.
En los documentos judiciales también se manifiesta que los involucrados habrían canalizado los «fondos ilícitos provenientes de las extorsiones» mediante cooperativas, razón por la cual no se conocería el destino final de ese dinero.
Por ello, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario de los acusados para analizar un «panorama global de sus patrimonios», y determinar si obtuvieron o no un rédito económico por hechos de coacción.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados habrían transmitido supuestamente las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: «compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera», reza el hallazgo de esos mensajes.
Quejas contra el operativo
Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.
Desde el FOL indicaron a este medio se hicieron allanamientos desde las 5 de la mañana de este lunes a «casas particulares de nuestros compañeros y a locales de la organización. A uno de nuestros compañeros le rompieron la puerta, los encañonaron violando todo tipo de garantías. Un operativo desmedido con autos no identificados y montando un show sobre la base de criminalizarnos por el solo hecho de organizarnos».
Según manifestó Nicolás Salas, referente de la agrupación, tras ver los posteos de los funcionarios «da cuenta de que el proceso judicial está fogueado desde el gobierno nacional». Por este motivo, denunció que se busca «estigmatizar» a los grupos y «generar miedo para que dejar de luchar contra los planes de ajuste que están llevando en la actualidad».
«Somos las organizaciones quye venimos denunciando el vaciamiento de los comedores comunitarios y las bajas de programas de empleo, todo contrario a los anuncios de campaña que hizo el presidente Javier Milei», agregó.
Por último, Salas afirmó: «Si piensan que con esto nos van a amedrentar están muy equivocados, no nos vamos a dejar extorsionar por el Gobierno, que en definitiva te dice que si protestas te van a judicializar o reprimir» y aseguró que muchas de sus compañeras son las que «solo garantizan un plato de comida al día» para las personas que son víctimas del hambre.
Fuente: Perfil
